Arrancó la carrera contrarreloj para los mercantiles y en un día clave en el Concejo Municipal, se aguarda con expectativa el tratamiento del proyecto de Ley provincial de Descanso Dominical que en caso de aplicarse, obliga a los comercios de más de 1.200 m2 a cerrar sus puertas los días domingo en la ciudad.

En la previa, las voces de los funcionarios políticos de Rosario no tardaron en aparecer y empezaron a correr las opiniones. Tanto la intendenta de la ciudad, como ediles, a favor y en contra, expresaron sus ideas en relación al Descanso Dominical.

La intendenta Mónica Fein aseguró que respetará la decisión del Concejo al tiempo que consideró que se trata de un tema complejo para la ciudad: «Voy a respetar lo que el Concejo decida. Es una decisión que la Ley ha delegado al Concejo y en ese marco se están buscando los consensos necesarios».

«Es un tema complejo, porque por un lado los trabajadores tienen derecho a reclamar mejores condiciones», pero que por el otro «hay preocupación de lo que pasa en la ciudad alrededor de las distintas actividades».

Por su parte, el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Leone, consideró que se debería hacer una prueba de la iniciativa para evaluar las consecuencias y al igual que Fein, coincidió en que se trata de un tema complicado.

“Es un tema difícil, una situación que hay que ir midiendo porque ya hay voces que hablan de desocupación y desempleo”, dijo Leone y luego agregó: “Es cierto que si se aplican medidas de restricción pueden condicionar el empleo y no queremos que pase. El descanso es importante pero si condiciona al trabajo de la gente es un problema”, expresó.

Para Leone “hay que encontrar una mecánica, una instancia de prueba para ver si tiene un impacto negativo y en ese caso poder corregir”.

En tanto, la concejala de la Unión Cívica Radical María Eugenia Schmuck calificó de «extorsionadores» a los empresarios supermercadistas que amenazaron con despedir a 350 empleados si se ponía en vigencia la ley provincial de Descanso Dominical.

La legisladora manifestó que «el nivel de extorsión de estas grandes cadenas de supermercados es inédito», y agregó: «El argumento de un abogado de empresas importantes es tan endeble que me sorprende. Dice que van a caer las ventas porque se cierra el domingo cuando todos sabemos que las estrategias de comercialización de esas cadenas están puestas los domingos. Lo que tendrán que hacer es cambiar de día. Poner las estrategias los viernes o los sábados para colaborar con el cambio de cultura que intentamos instalar«.

«La ley provincial de Descanso Dominical y la ordenanza municipal que adhiere a la misma busca modificar esta mala costumbre, para que mucho más de mil familias puedan reencontrarse los domingos. Las estrategias de venta y de comercialización deberán variar en estas cadenas, a las cuales no les voy a enseñar cómo hacerlo. Además deberían pagarle mucho mejor a los trabajadores. El salario básico de empleados de comercio es tan pobre que muchos de sus empleados se ven obligados a trabajar los domingos para hacer una diferencia«, cerró.

Finalmente, Martín Rosúa, presidente de la comisión de Producción y Empleo del Concejo Municipal, adelantó su voto en contra de la adhesión de la ciudad de Rosario al cierre dominical de comercios ya que según consideró “tiene ribetes inconstitucionales y puede poner en riesgo muchas fuentes de trabajo”.

Por ese motivo, adelantó que, en la sesión de este jueves, en la que el cuerpo legislativo se apronta a aprobar la ordenanza de cierre dominical, solicitará que no entre en  vigencia hasta tanto se realice el estudio de impacto económico, ante la posibilidad de que muchos empleados puedan perder sus fuentes laborales.

«La ordenanza que se está a punto de votar establece que, a los 6 meses de su entrada en vigencia, se realizará una evaluación del impacto económico, social y laboral que la misma haya generado. Es un error gravísimo postergar en el tiempo el análisis de las posibles consecuencias negativas de adherir al cierre dominical. Estamos en condiciones de anticiparnos y evitar males mayores. Una vez que el mercado laboral expulsa un trabajador cuesta muchísimo recuperar esa fuente de empleo. No se puede jugar a prueba y error con el trabajo de la gente”, disparó.

Y en el marco de la misma preocupación, añadió: “Nosotros no queremos rosarinos en la calle. Es por eso que, oportunamente,  ya habíamos solicitado un estudio de impacto socio-económico a quienes promovían el debate del cierre dominical y volveremos a hacerlo antes de su aprobación”, sostuvo.

Rosúa también sostiene la inconstitucionalidad de la normativa a punto de aprobarse. “Como abogado, debo negarme a votar una Ley que claramente no encuadra en el marco constitucional. Se pretende regular sobre la jornada laboral cuando la Constitución indica que es competencia del Congreso de la Nación y nunca de la provincia o de los municipios. Con el cierre dominical compulsivo se afecta la libertad de comerciar y de trabajar consagradas en nuestra carta magna”, explicó.

En ese sentido, el titular de la Comisión de Producción agregó: “No se advierte un criterio razonable de selección de la realidad económica sobre la cual se regula. No está claro cómo se determina qué tipo de locales comerciales pueden abrir sus puertas y cuáles no, ni el motivo de la diferenciación entre los empleados que pueden trabajar y los que no. Se sanciona una ordenanza que indica que el cajero de un supermercado tiene derecho a descansar los domingos, mientras que el empleado de un local de ropa deberá trabajar. Está claro que lo que se regula no es el derecho al descanso, que lógicamente apoyamos, sino el cierre de algunos rubros, en el que, más que velar por los trabajadores, se pretende que seamos árbitros de una disputa entre sectores empresariales”.

Es un auténtico mamarracho jurídico que una ley provincial prohíba el trabajo dominical, algo que está expresamente admitido y regulado en la legislación nacional. No debemos perder de vista que los supermercados hoy en día abren los domingos pero, de acuerdo a la ley laboral vigente, tienen la obligación de abonar una remuneración extra, que representa en promedio el 32% de los ingresos del empleado”, sostuvo.