La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, calificó de «canallada» e «infamia» una publicación on-line que la implica en un caso de corrupción en el que son investigados su hijo, Sebastián Dávalos, y la esposa de éste, Natalia Compagnon, y cuyo contenido luego fue retirado parcialmente con pedido de disculpas del medio editor, la revista Qué Pasa.

«Respecto a una información de un medio nacional, que me involucra, que aparece mi nombre, desmiento tajantemente toda esa información», dijo en tono molesto Bachelet anoche al abordar un avión que la llevó a la austral región de Aysén para una visita de trabajo.

«Es una canallada, una infamia. No descarto un montaje, por tanto estoy estudiando las acciones legales que podemos tomar, porque basta ya de mentiras», añadió.

Qué Pasa publicó anoche en su página web la transcripción de una conversación de Juan Díaz, uno de los implicados en el caso Caval, que involucra a los familiares de Bachelet, con un interlocutor desconocido, en el que menciona a la mandataria.

«Les dije, mira este es un tema de pago. Yo no me voy a calentar la cabeza, porque si yo hablo la viejita (Bachelet) tiene que renunciar de inmediato, les dije yo (…)», dice Díaz en la grabación.

Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos son investigados por tráfico de influencias y uso de información privilegiada en relación con un millonario negocio inmobiliario de Caval, una empresa de la que la nuera de Bachelet es socia, realizó en la región de O’Higgins, vecina a Santiago, en 2013.

La firma compró unos terrenos que poco después vendió con una utilidad de unos cuatro millones de dólares, operación que financió con un crédito que personalmente les otorgó Andrónico Luksic, uno de los dueños del Banco de Chile, reseñó Efe.

Desde que se destapó el caso, la oposición política ha tratado de involucrar a Bachelet en el mismo, pese a que, salvo Compagnon y Dávalos, todos los demás implicados están vinculados a la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI) y el propio Díaz, que en el pasado ha sido vinculado a casos de violaciones a los derechos humanos, es descripto como un «operador político» de la UDI.