El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de la Capital dictó penas que van de 8 a 25 años de prisión en la causa por violaciones a los derechos humanos en el marco del denominado Plan Cóndor, en el que se juzgó la actuación de las fuerzas represivas del Cono Sud en los años 70 y principio de los 80.

El máximo de la pena recayó sobre el ex agente de inteligencia uruguayo Manuel Cordero Piacentini, el argentino Miguel Furci, y el ex jefe del Comando de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, condenados a 25 años de prisión por los delitos de «asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor, privación ilegítima de la libertad» e inhabilitación, variando la cantidad de casos atribuidos a cada uno de ellos.

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En total se ventilaron 105 casos y entre los 17 acusados se encontraba el exdictador Reynaldo Bignone, quien fue condenado a la pena de 20 años de prisión por los mismos delitos en 4 casos comprobados, la misma pena que recibió el militar Rodolfo Feroglio.

La mayoría de los casos de privaciones ilegitimas de la libertad y tormentos tuvo como escenario el centro clandestino «Automotores Orletti», por lo que la segunda parte de ese juicio quedó subsumido en la condena por el Plan Cóndor.

En tanto fueron absueltos Carlos Tragant y Juan Avelino Rodriguez.

Entre los asistentes a la lectura de la sentencia se encontraban la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Linea Fundadora, Nora Cortiña, y la dirigente de esa agrupación «Tati» Almeida, quien señaló: «Al fin se hizo justicia».

También asistieron el presidente del CELS, Horacio Verbitzky; el diputado e hijo de desaparecidos Horacio Pietragala; la nieta recuperada del poeta Juan Gelman, Macarena; Anatole Julien, quien junto a su hermana Victoria -de tan solo un año- desapareció en Uruguay y apareció en la Plaza O Higgins de Santiago de Chile.

El Plan Cóndor consistió en la represión coordinada por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para eliminar disidentes entre mediados de la década del 70 y principios de los 80.

En el juicio oral que comenzó en 2013 se juzgó a Bignone y a otros 16 exmilitares -15 argentinos y un uruguayo- por el secuestro y asesinato de 105 personas, de las cuales 45 eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos.