En abril del año 2009 se sancionó en la Argentina la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Esta ley se inscribe dentro del proceso de adecuación de la legislación interna a los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres vigentes, y es la resultante del reclamo incansable del movimiento de mujeres.
A su vez, la ley 26.485 designa al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) como el órgano de aplicación de la misma, y a pesar del incremento y la mayor visibilidad que han cobrado los femicidios en nuestro país, el presupuesto asignado al CNM para llevar adelante el diseño, planificación y ejecución de políticas tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres representa un porcentaje ínfimo: para el año 2016 el mismo representa tan sólo el 0,0055% del total del presupuesto nacional, lo que equivale a $4,50 por mujer para combatir la violencia machista.
La gran movilización por #NiUnaMenos del 3 de junio del año pasado, significó un antes y un después en la visibilización del flagelo de la violencia contra las mujeres en la Argentina, logramos instalar en la agenda pública y mediática la violencia machista como una problema político y no del ámbito privado, y denunciar los femicidios como la expresión mas extrema de ésta. A partir de ese momento muchas mujeres decidieron terminar con relaciones violentas en las que se encontraban, la línea 144 de asesoramiento, contención y derivación colapsó durante los días previos y posteriores a la gran convocatoria.
Sin embargo, y a pesar de los anuncios realizados, nada cambió en nuestro país. Cada 30 horas una mujer es asesinada por un hombre de su círculo intimo, carecemos de políticas publicas integrales que den respuesta a esta situación y la falta de voluntad política se hace evidente una vez más de la mano del escaso presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM).
A más de siete años de la sanción de la ley 26.485, y a casi un año de la masiva movilización #NiUnaMenos, observamos que las políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres siguen ausentes, con presupuestos por demás escasos. También observamos que a pesar de anuncios varios sigue sin ejecutarse el Plan Nacional de Acción previsto por la misma ley, entre otras graves deficiencias. Nuestros derechos humanos siguen sin ser garantizados, y la responsabilidad del Estado Argentino en ese sentido sigue comprometida seriamente en dicho contexto.
La falta de políticas publicas integrales fomenta la impunidad de los agresores, y no terminaremos con la violencia hacia las mujeres si el Estado sigue estando ausente. Mientras tanto muchas mujeres seguirán preguntándose como hacer para romper del circulo de la violencia sin perder la vida en el intento.
Ante esta realidad desde el Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana venimos exigiendo desde el año 2012 la declaración de la Emergencia Nacional por violencia contra las mujeres, proyecto presentado por la diputada nacional Victoria Donda en el Congreso de la Nación, y la urgente aplicación de la ley 26.485. Sin decisión política no hay #NiUnaMenos.

 

(*) Quien escribe es Coordinadora Nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana – MuMaLá