El descalabro en los precios relativos que causaron los ajustes tarifarios articulados desde el gobierno nacional está afectando al conjunto de la economía, aunque impactando con mayor incidencia a los sectores más vulnerables. Las idas y venidas judiciales entre tribunales inferiores por las medidas cautelares, los presencia de fallos contradictorios y la falta de respuesta de la Corte Suprema de Justicia, reflejan un escenario incierto respecto al costo de los servicios públicos y su impacto sobre la estructura de precios relativos de la economía.

A esta situación se le añaden declaraciones tales como: “vamos aprendiendo sobre la marcha” o “hubo un 25% de gente con impactos tarifarios que no habíamos calculado”, lo que da cuenta del error, la impericia o la falta de valoración de algunos funcionarios, respecto a un tema que afecta sensiblemente la vida y el humor de los argentinos.

Confirmando que no se trata de un error de comunicación, en estos días se sumó la vieja y mal reputada teoría del goteo (también denominada, “efecto derrame”), para justificar el incremento desmedido de las tarifas. Este idea sostiene que la mejor manera de promover el crecimiento del país es favoreciendo a los sectores más dinámicos (y concentrados) de la económica. El mecanismo se produce luego de que estas empresas logran acumular suficiente ganancias como para incrementar sustancialmente la inversión, lo que impulsa la actividad macroeconómica beneficiando al resto de la sociedad por la vía de una mayor crecimiento de la demanda agregada.

En este escenario, lejos de observar un Estado ausente, se lo requiere para dos tareas principales: la primera, es garantizar la legalidad de las ganancias pretendidas por estas empresas y su posterior apropiación (fuga). La segunda es sostener con políticas sociales y programas puntuales de asistencia, la “espera” (no violenta) de los efectos que le permitan al resto de la sociedad formar parte del sistema productivo y estar incluidos en un esquema de vida digno en un país que, lejos de ser pobre, genera riqueza cada vez más concentrada en pocas manos; de ahí la dificultad de que estos esquemas alcancen el objetivo de un déficit fiscal cero.

Sobre esta idea se basó el ministro de comunicaciones, Oscar Aguad, para declarar que el feroz ajuste tarifario es necesario para que las empresas energéticas tengan las ganancias suficientes que les permitan invertir, generando condiciones favorables para que lleguen las inversiones desde el exterior y el país empiece a crecer. En sus propias palabras, estos es imprescindible para “que el sector más dinámico derrame riqueza».

Pero, ¿es viable el enfoque teórico del derrame? ¿Es factible que los sectores concentrados de Argentina reinviertan sus ganancias en aras del sostenimiento del empleo y la suba de los ingresos?¿Es suficiente que la economía crezca para paliar la desigualdad en la distribución del ingreso y aumentar el bienestar social del conjunto de los argentinos? Además, ¿la llegada de las inversiones extranjeras depende únicamente del desarrollo en el mercado energético?

Los números contestan en partes estos interrogantes. En los últimos 5 años, las inversiones extranjeras directas (IED) en Argentina rondaron los 53.000 millones de dólares. Incluso, en el primer trimestre de 2015 (un año “malo” como muchos califican), se captaron USD 3.514 millones en concepto de inversiones extranjeras, aproximadamente un 50% más que lo se registró en igual periodo de 2016.

En base a estos guarismos, bien se podría asegurar que, si bien resulta necesaria la mejora en el sector energético para el desarrollo productivo del país, no ha sido una característica excluyente para el arribo de capitales foráneosproductivos.

Resulta caprichoso considerar que aplicando la teoría del derrame se proveerásuficiente riqueza a los sectores más vulnerables de la sociedad para garantizar condiciones de vida digna y una distribución más justa del ingreso, puesto que los antecedentes históricos confirman que esto no ha ocurrido así en la Argentina. La idea que el libre mercado arregla los inequidades del sistema es ingenua, cuando no un ardid para permitir a los grupos económicos extraer ganancias extraordinarias y fugarlas al extranjeros, como ha ocurrido en Argentina, incluso durante las peores crisis económicas y sociales que se hayan atravesado.

De ser así, también resulta un engaño la idea de que hay que “esperar” para empezar a sentir los beneficios del cambio, puesto que mientras algunos pocos se acomodan satisfactoriamente en el nuevo esquema, otros sufren un deterioro directo y real en su condición de vida que no se revierte ni compensa con gotas del derrame.

Lo que ocurrió en argentina en los últimos 40 años de historia económica, es sobrada muestra de que estas ideas son muy peligrosas para el conjunto de los argentinos y que inexorablemente termina generando mayor desigualdad y crisis social.

Esteban Guida

[email protected]

www.pueblosdelsur.org