La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy al juez federal Claudio Bonadio al frente de la causa por presunta defraudación en los contratos de compra venta de dólar futuro, en la que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner.
Fuentes judiciales informaron que la Sala I, compuesta por Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, rechazó la recusación que Cristina Kirchner presentó contra Bonadio, a quien pretendía apartar del caso por presunta falta de imparcialidad.
Por ahora, no han tenido éxito los planteos para apartar a Bonadio del caso, por el cual incluso la ex mandataria pidió el juicio político por presunto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura.
Además de Cristina Kirchner, fueron procesados en esta causa el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central de la República Argentina Alejandro Vanoli, junto a otra docena de ex funcionarios.
Tras la apelación de la ex presidenta, será la Sala II de la Cámara Federal la que revise el procesamiento dictado por Bonadio, quien acusó a la exjefa de Estado de haber impartido la orden para vender dólares a futuro, lo que generó un perjuicio al Estado Nacional.
En la causa, Cristina Kirchner está procesada por administración infiel de fondos públicos y embargada en 15 millones de pesos, aunque además Bonadio dispuso el congelamiento de fondos de las cuentas bancarias a su nombre.
En la recusación, el abogado Carlos Beraldi había advertido que al confirmar a Bonadio en el expediente contra la ex mandataria se contribuye a que se «perfeccione» un supuesto delito «aún en curso», en referencia a la denuncia presentada por un grupo de legisladores kirchneristas contra el magistrado y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por haber autorizado y pagado contratos de dólar a futuro del Gobierno anterior con los precios de la devaluación.
Al dictar el procesamiento de Cristina Kirchner, el magistrado afirmó que las operaciones implicaron «administración infiel con perjuicio al Estado» porque se acordó vender dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a los compradores.
Indicó, al respecto, que sin las intervenciones de Cristina Kirchner y Kicillof era «impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de U$s 5.000 millones a U$S 17.000 millones, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo».
