Por Alejandra Ojeda Garnero
Alrededor de 300 mujeres mueren por año en Argentina como consecuencia de haberse practicado un aborto en condiciones precarias. Pero esta cifra parece invisible a las autoridades que deben tomar medidas para terminar con este flagelo, que aunque se trate de ocultar, existe.
Como en la mayoría de los temas controversiales existen posiciones a favor y en contra del aborto y está bien que así sea, pero quién puede juzgar a una mujer cuando en el ejercicio pleno de su conciencia decide, por distintos factores, tomar semejante determinación. ¿Quién tiene la autoridad moral para decir si está bien o mal? ¿Quién puede saber cuáles son los sentimientos de esa mujer que debe decidir terminar con la propia vida que gestó y que sin dudas no debe ser nada fácil?
La sociedad es reticente a los cambios sustanciales, lo mismo ocurrió cuando se discutió la ley de divorcio, del matrimonio igualitario y hasta, salvando las distancias, la ordenanza de no fumar en lugares cerrados. Esta negativa a aceptar una norma que regule el aborto seguro tiene su raigambre en la creencia religiosa que predomina en Argentina en particular y en la mayoría de los países latinoamericanos y tal vez configure una de las razones por las cuales, después de largos años de lucha de distintas organizaciones no se haya logrado, al menos que se discuta en el Congreso.
Tras largos años de lucha, parece que en los últimos días se avizoran algunos pequeños avances en relación al tema. Así, el jueves pasado las organizaciones que integran la Campaña por el Derecho al Aborto fueron recibidas en la Comisión de Salud del Congreso de la Nación, para una reunión informativa, que si bien no fue vinculante, porque no se emitió dictamen, las integrantes la consideraron positiva.
Una de las organizaciones que integran la Campaña, es Católicas por el Derecho a Decidir, que aunque suene raro es una organización de mujeres unidas a la Iglesia por la Fe pero en una fuerte disidencia con la jerarquía institucional. Para conocer sus propuestas y postura Conclusión dialogó con Silvia Juliá, directora ejecutiva y asesora legal en Argentina.
“Católicas por el Derecho a Decidir es un movimiento autónomo de personas católicas y feministas que trabaja en la región latinoamericana, en 11 países y también cuenta con una organización asociada en España”, indicó Juliá.
La organización, integrada en su mayoría por mujeres “trabaja para producir cambios sociales, políticos y culturales que tienen que ver con una mirada diferente y una disidencia religiosa dentro del catolicismo”, dijo la directora y agregó “somos feministas y trabajamos además por la justicia social, por la inclusión y por la participación de las mujeres, tanto en la sociedad como en el interior de las iglesias”. Además tienen como objetivo general trabajar “por los derechos humanos de las mujeres y en particular los derechos sexuales y reproductivos, y la despenalización y legalización del aborto. Eso es lo que nos unifica como movimiento, como nuestra carta de principios y programa a nivel Latinoamericano”.
También aclaró que “después están las particularidades de cada una de las organizaciones de la CDD, de acuerdo al contexto en el que trabajan y en el contexto de cada uno de sus países”.
Católicas por el Derecho a Decidir es una red Latinoamericana con más de 20 años de trayectoria y hace tres que participan en las conferencias internacionales de Naciones Unidas donde presentan informes sobre la situación de la mujer en Argentina y Latinoamérica.
Otro de los trabajos que realiza la Red CDD, es garantizar que los Estados apliquen los acuerdo de las conferencias internacionales y los tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
“Somos católicas, no somos una institución dentro de la iglesia católica, somos un movimiento autónomo, somos católicas por la fe”, aclaró Juliá, y continuó, “tenemos una clara diferencia con la jerarquía de la iglesia católica, fundamentalmente en temas de moral sexual y en lo que tiene que ver con sexualidad y reproducción. Es una clara diferencia que hacemos pública y que debatimos con las comunidades de mujeres católicas en todo el continente”.
Una de las tareas de Católicas es trabajar “por una iglesia inclusiva y porque la mujer no sea culpabilizada por practicarse un aborto. Nosotras las acompañamos en los procesos de las mujeres del movimiento de la diversidad sexual porque nos parece que la iglesia inclusiva como la que nosotras sostenemos, no debe condenar al movimiento de la diversidad sexual y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, ni a las decisiones que en la libertad de conciencia toman las mujeres sobre continuar o no con un embarazo”.
En este sentido consideran “que por múltiples razones las mujeres toman esas decisiones, entonces la culpabilización que se hace, la demonización tanto en relaciones de personas del mismo sexo como en las decisiones que toman las mujeres cuando usan anticonceptivos y cuando abortan me parece que no tiene nada que ver con una gran parte de la doctrina católica sobre ser buen católico, porque las mujeres toman esas decisiones porque están obrando a conciencia y creen que su decisión es buena y en ese sentido, en la libertad de conciencia que es un valor muy importante dentro del catolicismo, no sé porque no podría aplicarse en el caso de las mujeres que toman la decisión de abortar”, sentenció Silvia.
Pero las diferencias no terminan allí, “también disentimos en que la Iglesia Católica es jerárquica y excluyente de las mujeres y no acepta que podamos ser sacerdotisas y tener otro tipo de participación en el interior de la institución. El rol que juegan las mujeres al interior de la institución es ínfimo”, se quejó.
Además aclaró que “existen diferentes posiciones y doctrinas sobre derechos sexuales y reproductivos, anticoncepción, aborto. Esos son los temas que nosotros debatimos públicamente porque nos parece que así no hay una sola voz al interior de la iglesia, hay posiciones diferentes lo cual genera una duda sobre cuál es la posición de la iglesia y hay una libertad para seguir una u otra posición”.
En relación a estas diferencias, Católicas por el Derecho a Decidir participa desde el año 2005 en la Campaña por el Derecho al Aborto que “viene creciendo en su composición, en su número y en sus acciones a lo largo y a lo ancho del país”, remarcó.
Juliá asegura que los frutos de la Campaña son positivos en cuanto a que “ha logrado incrementar la despenalización social del aborto, lo cual implica un avance para que el proyecto pueda ser aprobado”, con la aceptación de la sociedad.
El proyecto de Ley, pensado por la propia Campaña “se presentó en el Congreso entre los años 2006 y 2008 y se fue actualizando cada dos años para que no pierda estado parlamentario, pero además se incorporaron modificaciones que tienen que ver con aspectos relacionados con la identidad de género, que ya fue aprobada y con relación a los menores y las decisiones que pueden tomar y por supuesto sobre los protocolos que se deben respetar en los casos de aborto”, comentó la directora de Católicas.
El proyecto fue aprobado en una plenaria realizada en la ciudad de Paraná, Entre Ríos donde participaron más de cien activistas de todo el país y además contó con la firma de diputadas y diputados de diferentes bloques.
En este sentido, Juliá resaltó que “la Campaña trabaja con movimientos sociales, profesionales de la salud, abogados y abogadas, con muchísimas articulaciones para poder crear la base social que necesitamos para que el proyecto sea abarcativo”.
La organización platea que alrededor de 300 mujeres mueren por año en la Argentina como consecuencia de la práctica clandestina de abortos. Y las estadísticas no son alentadoras respecto a reducir esa cifra. Por lo tanto, es urgente la decisión de los legisladores en cuanto a la aprobación de una ley que garantice un aborto seguro.
En este sentido, Juliá resaltó que “hemos logrado que la Comisión de Salud, convoque a una reunión informativa en relación a nuestro proyecto y otros que tienen algunas diferencias con este. Consideramos positivo la posibilidad de debate en Comisión de Salud de todas las propuestas sobre el tema”.
“Creemos que es muy importante y que es necesario contar con esta ley que permita a las mujeres tomar esta decisión con su libertad de conciencia, con seguridad, con el apoyo del Estado. Sobre todo porque sabemos que muchas mujeres no pueden acceder a servicios de calidad en el circuito privado y sabemos lo que pasa, una tasa de mortalidad materna alta que la Argentina no ha podido bajar porque en relación al aborto inseguro las cifras no han bajado”, justificó Juliá.
En relación a las críticas que recibe el proyecto desde los sectores que están en contra de la despenalización del aborto, aclaró que “la sociedad tiene que entender que nadie va a obligar a abortar a una mujer que no quiera hacerlo, ninguna mujer que su conciencia le diga que no debe interrumpir ese embarazo lo va a hacer. En cambio sabemos que cuando la mujer toma esa decisión la hace a cualquier costo y bajo cualquier circunstancia. Es una decisión reflexionada pensada”.
Un avance
La Comisión de Salud del Congreso de la Nación recibió el jueves pasado a las distintas organizaciones que trabajan en la Campaña por el Aborto Legal para una reunión informativa con la cual no se va a emitir dictamen pero sí es un gran avance en la discusión del proyecto.
Las cifras son alarmantes, el Ministerio de Salud de la Nación informa que la mortalidad materna asciende a 300 muertes por abortos clandestinos en el país, aunque en las regiones más vulnerables hay más incidencia y también el número varía de acuerdo a los recursos con los que cuentan las mujeres que deciden abortar. Porque claramente, quienes tienen mayores recursos económicos pueden acceder a clínicas privadas con mayores condiciones de seguridad e higiene, en cambio quienes poseen menos recursos son quienes engrosan las cifras de muertes por este flagelo.
De todas maneras, Silvia resaltó que “sea cual sea esa cifra nosotros creemos que es un derecho humano que debe ser reconocido a las mujeres y eso es lo más importante”.
Para finalizar Silvia agregó que “la organización trabaja para que se cumplan los derechos que ya están, como el aborto por causales que está establecido en el Código Penal y estamos trabajando para que los servicios de salud cumplan con ese derecho de las mujeres que tampoco está reconocido en la práctica y existe mucha resistencia en las distintas instituciones a tener los protocolos correctos o hacer las prácticas de acuerdo a los lineamientos establecidos”.
Por su parte, Victoria Tesoriero, integrante de la Red de Católicas en Capital Federal, aseguró que “valoramos muy positiva la reunión con la Comisión de Salud. Si bien es una reunión no vinculante ya que no se va a emitir dictamen porque fue una reunión informativa”. Es importante destacar que “la reunión fue convocada por la Comisión de Salud con la voluntad de debatir el tema y otro punto a destacar fue que la reunión se dio en un marco de absoluto respeto de las organizaciones que presentaron proyectos a favor y en contra”.
Tesoriero también destacó “la participación de diputados y diputadas de casi todos los bloques mayoritarios”, además agregó que “nos fuimos con la promesa de que este debate continúe de cara al año que viene”.
En este sentido, resaltó que “queremos que el debate se dé, por respeto a las mujeres de este país que nos merecemos que este tema se debata, porque se trata cualquier proyecto y este que lo impulsa un movimiento que hace años viene trabajando a nivel nacional, hace 11 años no logramos ni siquiera el tratamiento en una comisión”.
Si bien hubo varios intentos fallidos, en 2011 y en 2014 las reuniones se frustraron por falta de quórum, “en movidas demasiado confusas”, apuntó Tesoriero.
A su vez, la integrante de Católicas añadió que “contamos con el apoyo de todo el movimiento que está presionando con este tema en todas las provincias, teniendo en cuenta las consecuencias que trae el no tratamiento de esta ley con la cantidad de muertes que se suceden a diario por esta problemática”.
“Desde Católicas planteamos que muy pocas veces se puede cambiar la realidad y muy pocas veces un proyecto cuenta con un movimiento organizado a nivel nacional, regional e internacional, incluso para este derecho, no existe, no hay muchos casos de leyes así”, señaló.
En este sentido, aseguró que “hay un lobby terrible en la Cámara, nos costó mucho llegar a esta reunión porque nos ponían dificultades de todo tipo. Tenemos un contexto de retroceso que se da mucho a nivel institucional, porque la contracara de esto es un movimiento que se está renovando los métodos de lucha y que está renovando la participación generacional porque hay un montón de mujeres en la calle, pero en el Congreso de la Nación y el de todas las instituciones no tiene eco”.
En la reunión en Comisión de Salud, “fueron muchas más a favor que en contra, las organizaciones que participaron fueron Amnistía, el colectivo Ni Una Menos, Campaña por el Derecho al Aborto, Católicas por el Derecho a Decidir, Asociación de Abogados de Buenos Aires, Cladem, la CTA de Hugo Yasky, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita, La Cámpora presentó el proyecto del Frente para la Victoria, y Victoria Donda presentó el proyecto de la Campaña. El debate comenzó a las 11 de la mañana y finalizó pasadas las 15. Todos los oradores pudieron explayarse y quedó abierta la discusión para reiniciarla el próximo año”, finalizó Tesoriero.
Por otra parte, se conoció este lunes la decisión del papa Francisco de otorgar a los sacerdotes la “facultad de absolver” a quien haya cometido el “pecado grave del aborto”. Ante esta declaración del Sumo Pontífice en el marco del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, Católicas por el Derecho a Decidir con sede en Perú emitió un comunicado en el que acordaron todas las organizaciones que integran la Red Latinoamenricana.
A continuación el texto completo:
La misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia
Católicas por el Derecho a Decidir, saluda las declaraciones del Papa Francisco expresadas en la Carta Apostólica “Misericordia y paz” en donde muestra un acercamiento a la realidad de muchas mujeres que se encuentran ante el imperativo de interrumpir un embarazo no deseado y en consecuencia, haya concedido a todos los sacerdotes de manera indefinida “la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto”.
El papa Francisco ha expresado que “la misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio”.
En esa línea, valoramos los esfuerzos del papa Francisco para fomentar en la Iglesia católica “una cultura de la misericordia” que aproxime a las/os fieles a la imagen de un Dios justo, incluyente, acogedor que comprende las alegrías y tristezas de todos, e intente recuperar la plena comunión sin estigmatizar a nadie.
Saludamos también que el papa Francisco comprenda las circunstancias que conducen a las mujeres a tomar esta difícil decisión, y que reconozca que “Jesús mira a los ojos de las mujeres y lee su corazón”. Sin embargo, enfatizamos que las decisiones que toman las mujeres no deben ser vistas como “pecados graves”, tal y como se menciona en la carta. Las mujeres como cualquier ser humano son agentes morales con la capacidad de decidir en libertad de conciencia sobre el contexto que les toca vivir.
En esa línea, exhortamos a las autoridades eclesiásticas de todo nivel a continuar el acercamiento del Papa Francisco a las personas que sufren daño físico, moral y espiritual, en particular a las mujeres víctimas de violencia sexual y las decisiones que ellas toman.
A puertas de celebrarse el “Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres” hacemos un llamado de atención al Estado, a las iglesias y a la sociedad civil a contribuir a la transformación de aquellas barreras morales y religiosas que impiden desculpabilizar y despenalizar las conciencias de las mujeres cuando toman decisiones.
¡Impedir o estigmatizar las decisiones de las mujeres también es violencia!
