Bajo el sinuoso nombre de «Ley para la publicidad de beneficios o premios a los médicos», se aprobó en la última sesión de la Legislatura porteña el expediente 592-D-2016, impulsado, entre otros, por la legisladora y exministra de Salud del kirchnerismo, Graciela Ocaña.

En su artículo primero, la norma sancionada postula un sinceramiento a una de las prácticas más habituales de la industria farmacéutica: los regalos, obsequios, pagos de viajes y prebendas otorgadas a los médicos para que receten a sus pacientes determinados medicamentos, de cuya marca comercial son fabricantes.

En su artículo primero, la norma postula que «fabricantes, importadores y distribuidores de productos médicos, biológicos y farmacéuticos que otorguen incentivos económicos o susceptibles de valoración pecuniaria con el objeto de incentivar en forma directa o indirecta al médico a tomar decisiones de diagnóstico y/o terapéuticas deberán informar dicha situación a la autoridad sanitaria local a efectos de darle la debida publicidad».

Es decir que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no sólo se regulariza el lobby de las firmas para lograr que sus remedios sean recetados y consumidos por los pacientes, sino que con el solo acceso a una base de datos, las empresas deberán (si lo desea porque el articulado no comprende sanciones para quien no lo haga) dar cuenta si le hizo a médicos pagos en efectivo, por honorarios, pagó actividades de formación profesional para el galeno, hizo pagos para solventar viajes y entregó de valores, pasajes, regalos, hospedajes, gastos de representación, comidas o cualquier otro bien que tenga algún valor. El sindicato de los Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina que agremia a los visitadores médicos puso el grito en el cielo y aclaró que repudia la ley que «blanquea la coima» de las farmacéuticas.