La CGT comenzó a analizar la propuesta oficial de reforma de la política de empleo con dosis equivalentes de escepticismo, por los resultados, y de moderada expectativa por beneficios potenciales: en particular, la posibilidad de sumar afiliados hasta ahora representados por organizaciones sociales, además de la chance de adquirir facultades de fiscalización del trabajo en negro. Bajo esa perspectiva entre los dirigentes cobra fuerza la opción de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) por parte de Mauricio Macri -como anticipó el viernes este diario- para cristalizar los cambios sin involucrar a la central obrera en un debate parlamentario que el oficialismo prevé adverso.

El debate interno en el sindicalismo peronista recién dará un veredicto integral en diez días, durante la reunión de Consejo Directivo programada para el 2 de febrero. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana buscarán un nuevo encuentro con la mesa chica de la organización como el de la semana pasada, aunque con más dirigentes. El jueves los funcionarios pudieron dar los primeros indicios de su plan, y el borrador de la propuesta -ver aparte- al triunvirato que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y a un puñado de gremialistas.

El documento circuló entre sindicalistas y abogados. Hasta anoche, y a pesar de que algunos de sus postulados guardan reminiscencias con los esquemas flexibilizadores impulsados en los 90 y durante la gestión de la Alianza, los ejes centrales no habían despertado mayor oposición en la organización. Incluso varios dirigentes alegaban, en reserva, que se trataba de reformas sin mayor costo para los gremios y con la posibilidad de promover el ingreso al mercado laboral (y por ende, a sus organizaciones) de personas carentes de formación.