Cincuenta familias fueron desalojadas ayer en el marco de un fuerte accionar policial que, según denunciaron, se produjo dos veces en mismo día con golpes y balas de goma por parte de la Policía. Las familias se habían instalado en las tierras de Lamadrid y Avellaneda anteayer y tras el primer desalojo –que se produjo ayer alrededor de las 10- decidieron cortar Circunvalación. Después, bajaron al terreno en disputa acompañados por periodistas pero, según la versión de los desalojados, apenas se fueron los trabajadores de prensa, la Policía cargó contra ellos con rebenques y balas de goma, lesionando a adultos y niños.

Tras la denuncia de represión policial, los voceros judiciales informaron que el fiscal a cargo del caso, Enrique Paz, sólo ordenó el relevamiento de las familias que ocupaban el terreno, que se tomaran fotografías del lugar y dio intervención a la Municipalidad y a la Dirección de Niñez provincial. Además, sostuvieron que ayer el fiscal se presentó en la zona y que los vecinos se habían ido voluntariamente tras las medidas dispuestas.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad provincial informó que, si bien el fiscal dispuso que no se tome ninguna medida legal en contra de los ocupantes, ayer a la mañana se procedió “a realizar un desalojo administrativo”. De acuerdo con voceros, se informó a las familias que tenían que irse y el paso posterior fue “el desalojo forzado”. Sin embargo, desde la cartera no reconocieron que por la tarde se haya producido otro procedimiento con represión policial.

El otro conflicto

El conflicto de Lamadrid y Avellaneda no fue el único de esta semana en el sudoeste rosarino. A cuatro cuadras, el sábado varias familias ocuparon un predio en Avellaneda al 4700. De acuerdo con voceros judiciales, el caso recayó en la fiscal Viviana O’Connell quien “siguió el protocolo para este tipo de situaciones y dio intervención a la Municipalidad y a la Dirección de Niñez”. En tanto, Gustavo Zignago, secretario de Control y Convivencia local, sostuvo que el municipio acompañó un desalojo impuesto por la Justicia en un terreno de un privado.

Fuente: El Ciudadano