El juez de control penal Jorge Zurueta ordenó este domingo el secuestro de más de 20 vehículos de alta gama, posesión de familiares de Milagro Sala, entre ellos su marido Pedro Noro, en el marco de una causa que investiga a la organización social «Tupac Amaru» por operatorias de lavado de dinero.
Por el momento fueron secuestrados solamente cuatro, pero la Justicia tiene en la mira entre 15 y 20 automóviles más, que habrían sido adquiridos de manera irregular.
“Sala junto a una aceitada red de colaboradores, conformaban una asociación ilícita, ordenada a absorber los fondos de origen nacional sin aplicarlos a los destinos administrativamente establecidos para disponer discrecionalmente de ellos”, precisó la denuncia.
Durante el operativo de este domingo, la policía jujeña secuestró un Peugeot 3008 que utilizaba Pedro Noro, el marido de Sala; una camioneta Toyota Hilux que usaba Claudia Chorolque Sala, hija de la líder tupaquera; y dos VW Suran Cross, que estaban en manos de integrantes de la organización barrial.
Según el fiscal anticorrupción de Jujuy, Joaquín Millón Quintana, quien requirió el secuestro de 25 vehículos, la defraudación al Estado a partir de las presuntas maniobras de lavado de activos con fondos públicos alcanza los 700 millones de pesos.
El funcionario judicial señaló en diálogo con la señal de noticias TN que la adquisición de los autos se hacía «con dinero en efectivo», e incluía camionetas de alta gama que cotizan en el mercado a un valor de 500 mil pesos.
«(Las adquisiciones) no se condicen con sus capacidades económicas», analizó Millón Quintana, que denunció a su vez que la organización liderada por Sala sorteaba 20 vehículos por año entre los cooperativistas.
La fiscalía anticorrupción solicitó además el secuestro de dos Fiat 500 que habría adquirido al contado Sergio Chorolque Sala, otro de los hijos de Sala, en 2011 y 2013 respectivamente. También pidió el embargo de un tercer Fiat 500 que en 2012 compró Claudia Chorolque Sala.
Esta investigación, que comenzó en secreto Millón Quintana hace seis meses, tiene por objeto dilucidar el destino de los «fondos nacionales» que presuntamente se desviaron durante el Gobierno kirchnerista a la Tupac Amaru, por lo que la atención estará puesta en identificar bienes e inmuebles a nombre de miembros del entorno de Sala.
El próximo 16 de Enero se cumplirá un año de detención de la dirigente kirchnerista, acusada de instigar el acampe pacífico frente a la Gobernación jujeña a finales de diciembre.
El 29 de diciembre pasado fue condenada a tres años de prisión en su primer juicio por haber «instigado» el escrache cometido 2009 contra el entonces senador Gerardo Morales y el extitular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy.
Testigo apuntado
Ese fallo del Tribunal Oral Federal de Jujuy volvió a ser cuestionado esta semana: Cochinillo René Arellano, el único testigo que involucró a Sala fue señalado por haber cobrado un millón de pesos por parte del Gobierno de esa provincia a cambio de aquel testimonio.
De acuerdo a una investigación periodística publicada en el diario Página 12, Arellano habría recibido «en los meses previos al juicio al menos un millón de pesos», de los cuales 822.000 son de «origen desconocido», mientras que el resto fue justificado como las dietas que el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy le paga «al menos a él, a uno de sus hijos, Freddy Santiago Arellano, y a las parejas de ambos, Cristina Noemí Chauque y Soledad Seña».
Esta versión coincide con el argumento de la defensa de Sala, que durante el juicio por el ataque con huevos contra el entonces senador radical en octubre de 2009 afirmó que Arellano era un testigo falso que había sido «comprado» por Morales con un cargo en la administración provincial, a cambio de incriminar a la dirigente kirchnerista.
