Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

El diputado nacional Julio Solanas presentó un proyecto de ley modificando el Artículo 10 de la ley de Financiamiento Educativo para explicitar el carácter de «indelegable» el rol del Ministerio de Educación de la Nación en la discusión paritaria con los docentes.

​»​Ésta reforma surge ante la política de ajuste y desconocimiento de derechos que el gobierno de Macri impone cada día a los trabajadores», manifestó el legislador.

Según Solanas, el organismo no puede delegar, ni desconocer el rol de «garante del derecho de la educación», ya que «implica desconocer los postulados de la propia Ley de financiamiento educativo (N° 26.075) y tiene como antecedente la política desarrollada por el gobierno militar de 1976, que por una resolución ministerial anticipaba la necesidad de acelerar un proceso de descentralización», expresó.

Seguidamente, sostuvo el ex intendente de Paraná, que hay serios indicios de que para la administración Macri, «la educación pública no es un objetivo del gobierno nacional», y remite recordando que «al DNU 13/2015 de modificación de la ley de Ministerios donde se estableció expresamente que el flamante ministerio de Educación y Deportes» deberá «entender en la definición de los objetivos de la política educativa concertados en el seno del Consejo Federal de Educación y dentro del marco de los principios establecidos en la Ley Federal de Educación». También lo encuadró en el Pacto Federal Educativo (Ley N° 24.856)».

​Para luego denunciar el retroceso en la materia diciendo que «porque de esta manera se retomaba la Ley Federal de Educación y el Pacto Federal Educativo (del gobierno menemista), desconociendo arbitrariamente las leyes de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnica y la Ley de Financiamiento Educativo que fueron votadas muchas de ellas por unanimidad durante la última década».

En el mismo sentido, Solanas, refirió que «esta decisión del ejecutivo persigue el fin de no asumir la responsabilidad por la política educativa y por ende de la carga presupuestaria, con la excusa de racionalizar la utilización de los recursos sin tomar en cuenta la calidad educativa».

Por otro lado, señaló que «el Gobierno Nacional, desde los 90 no tiene ningún establecimiento educativo y ahora trata de pasarle a las Provincias los programas sin financiamiento, con el objeto de reducir lo más posible la educación pública», manifestó.

Finalmente, el diputado nacional de Entre Ríos, Julio Solanas, responsabilizó al gobierno nacional de querer «traspasar la discusión paritaria nacional al ámbito de cada una de las Provincias con el objetivo flexibilizar el trabajo y las condiciones salariales de los docentes. Será necesario establecer expresamente las obligación, de carácter indelegable e insustituible que tiene el Estado Nacional como garante del acceso a la educación pública y gratuita para todos los ciudadanos de nuestro País», concluyó.