Por Miguel Ángel López
Las imágenes de un helicóptero artillado Black Hawk UH-60 disparando contra una vivienda en el noroeste del país incrementó la polémica en México sobre el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, cuando el Congreso analiza una nueva Ley de Seguridad Interior.
El operativo coordinado por la Secretaría de Marina el 9 de febrero pasado contra Francisco Padrón «el H2», lugarteniente del Cartel de los Beltrán Leyva, en una casa de seguridad en Tepic, Nayarit, dejó 12 muertos, todos presuntos integrantes de una célula del narcotráfico, incluyendo a su jefe.
La polémica que generaron esas imágenes obligó al secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, a aclarar de inmediato que las Fuerzas Armadas repelieron una agresión con apoyo de «disparos disuasivos desde un helicóptero», mientras otros efectivos maniobraban en tierra.
La operación, que podría calificarse como un éxito, de inmediato reavivó cuestionamientos sobre el actuar de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública, un papel que ejercen de manera abierta desde diciembre de 2006 cuando el presidente Felipe Calderón (2006-2012) los incorporó a esas labores.
El incremento de la violencia en México, que rebasaba la capacidad de las policías municipales, estatales y federales en varias regiones del país y que en muchos casos habían sido infiltradas por el crimen organizado, fue la justificación de Calderón para incorporar al Ejército y la Marina.
Desde entonces, en México persiste la necesidad de definir el papel de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública, sobre todo cuando sus elementos no han sido formadas para esa actividad, como lo afirmó el director de Consultores en Inteligencia y Seguridad (CIS) Estratégico, Francisco Franco.
Sin embargo, la violencia durante el gobierno de Calderón lejos de disminuir registró un incremento pasando de 9 mil homicidios en 2007 a 27.000 en 2011, y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió de 8.1 a 23.7 en el mismo lapso, según el Instituto Belisario Domínguez.
Esta política, que dejó severas críticas al presidente Calderón, continuó con su sucesor Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien bajó los homicidios en su segundo año de gobierno, pero para 2016 registró 20.789, un alza de 22 por ciento respecto de 2015 y 31 por ciento respecto de 2014.
Según estimaciones de algunos analistas, los 10 años de participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado ha dejado 100.000 muertos y unos 30.000 desaparecidos, cifra que ha sido equiparada con el conflicto armado que vivió Centroamérica en los años 80.
En ese contexto, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, señaló la necesidad de definir un marco legal para el actuar de los militares en el combate a la inseguridad, ya que la Seguridad Pública depende sobre todo de las policías civiles en los tres niveles de gobierno.
Opositores y simpatizantes de la aprobación de una Ley de Seguridad Nacional, que defina el papel de las Fuerzas Armadas, aceptan ahora que las policías locales en varios puntos del país carecen de capacidad para enfrentar la delincuencia, pero piden un plazo para el regreso de los militares a sus cuarteles.
Pese a que se inició una proceso de profesionalización y depuración de las policías en México desde el gobierno de Calderón, la infiltración del crimen organizado en varios puntos del país ha sido señalado en varias ocasiones.
El caso más emblemático en los últimos años fue la desaparición de 43 estudiantes en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2016, en el que estuvieron involucrados policías de las localidades de Cocula e Iguala.
Mandatarios como el de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), han pedido de manera reiterada que los militares no dejen de apoyar a la entidad en labores de seguridad pública, incluso en el cuidado de algunas escuelas.
El principal temor de quienes se oponen a que los militares realicen tareas de seguridad pública es el accionar letal de las Fuerzas Armadas y ponen de ejemplo, entre otros, la masacre de Tlatlaya, una comunidad en el central estado de México, ocurrido el 30 de junio de 2014.
En esa ocasión elementos del Ejército se enfrentaron contra un grupo de hombres armados que se protegieron en una bodega, con un saldo de 22 presuntos delincuentes muertos, en una acción que es investigada por diversas autoridades ante posibles ejecuciones de heridos por parte de los militares.
Las denuncias formales contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por presuntas violaciones a los derechos humanos que pasaron de 182 en 2006 a 1.230 en 2008, aunque esta cifra ha venido disminuyendo en los últimos años, según el Instituto Belisario Domínguez.
Actualmente el Congreso mexicano analiza tres propuestas de Ley de Seguridad Interna, sin lograr un acuerdo. Para los analistas éstas no resuelven el tema, pues carecen de plazos y objetivos claros. «Por el contrario complican el escenario», señalo a Telam el director CIS Estratégico, Francisco Franco.
Por el momento su aprobación entro en un impasse en el Congreso, sin que se perfile una solución a las formas y tiempos en las que Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea deben actuar frente a un enemigo que actualmente disputa el control en diferentes puntos del país.
Todos están de acuerdo en una Ley de Seguridad Interna que delimite a las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública, la diferencia radica en su contenido, «como en el punto de control y rendición de cuentas», apuntó Edgar Cortés del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
El coordinador de la maestría en Seguridad e Inteligencia Estratégica del Instituto Ortega Vasconcelos, Tomás Martínez, consideró que la violencia actual que se vive en México pasó de ser un tema de seguridad interna para convertirse en punto de seguridad nacional.
Sin embargo, se pronunció porque cualquier ley que se apruebe en la materia, sea congruente con los lineamientos en materia de Derechos Humanos establecidos en la Constitución.
Lo cierto es que a una década de haber salido a combatir el crimen organizado de manera permanente y que los índices de homicidios no han logrado disminuir a los niveles previos de 2006, todos coinciden en que las Fuerzas Armadas deben continuar en las calles.
«Sacar al ejercito sería un error, pues no existe una fuerza que pueda enfrentarse a los cárteles que han alcanzado un alto nivel de sofisticación en su armamento», concluyo Franco quien previó que la violencia perdurará al menos los próximos 10 años en el país.
