Colocada en un incómodo lugar como piloto del test clave a falta de una paritaria federal, María Eugenia Vidal jugó fuerte al anunciar el miércoles el pago de un plus en marzo de 1.000 pesos para los docentes que no pararon, y ayer cosechó consecuencias ya en términos de pares, con críticas de gobernadores a una estrategia que tildaron de «rompehuelgas».
Los primeros cuestionamientos emanaron de mandatarios que no militan en Cambiemos.
«Es un espanto, una cosa es no pagar al que no va a trabajar y otra es premiar al que va a trabajar; es una locura que no puede aceptar nadie», disparó el peronista crítico Mario Das Neves (Chubut).
El justicialista duro Carlos Verna (La Pampa) se movió en ese tono. «Es una medida para romper la huelga; soy peronista y no haría una cosa semejante», castigó.
Desde Santa Fe, en tanto, el socialista Miguel Lifschitz fue más cordial. «Hay que ser respetuosos de la libertad sindical y el derecho de huelga, en el marco del funcionamiento institucional», dijo.
La reacción se dio también en el ámbito sindical, con la decisión de los gremios docentes de denunciar el plus ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por vulnerar la libertad sindical.
«No hay marcha atrás», remarcaron ayer, sin embargo, desde despachos oficiales a este diario.
