El líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Mario Caligari, aseguró hoy que el triunvirato que conduce a la Confederación General de Trabajo (CGT) no está cuestionado y que el camino elegido luego del paro nacional del 6 de abril es el «diálogo» tanto con el gobierno como entre los gremios afiliados a la central sindical.
«No está cuestionado el triunvirato, sólo hay algunas diferencias que determinan que haya algunas cuestiones», dijo el sindicalista a la radio Con Vos.
Agregó que tras «la contundencia» del paro del 6 de abril y luego de la última reunión del consejo directivo de la CGT hay una apuesta al «diálogo» con el gobierno nacional y puertas adentro a una serie de conferencias con representantes «de todos los sectores», que se hará desde el 2 de mayo próximo.
La serie de conferencias de la CGT tendrán como apertura una exposición de la Universidad Católica Argentina sobre pobreza e inflación.
«Nosotros apostamos al diálogo, a la mesa de concertación, ese es el camino», dijo Caligari, quien sostuvo que «quisiera tener la bola mágica para poder responder» si la CGT convocará a otro paro nacional antes de las elecciones legislativas de octubre próximo.
Señaló que «desde el gobierno anterior» la UTA reclama que no se aplique el Impuesto a las Ganancias sobre feriados y horas extras de los choferes, quienes a causa de esa presión impositiva podrían elegir «no trabajar los feriados» ni «más allá de su horario».
«Lo venimos reclamando desde el gobierno anterior. Estamos obligados a llevar adelante un servicio, también los feriados nacionales. El hecho de trabajar un feriado implica un pago extra, que se lo lleva el impuesto. Si estoy obligado a hacer horas extras, entonces no me descuenten ganancias», dijo
Caligari afirmó que la UTA no decidido aún «un número final» para negociar un aumento salarial en las paritarias.
En este sentido, señaló que «en los próximos treinta días» el sindicato tendrá «una aproximación a lo que va a ser la paritaria para el sector» del transporte automotor, si bien anticipó que apuntará a acordar una «cláusula de revisión cada tres meses» para evitar que la inflación afecte el poder adquisitivo del salario.
