pocas horas de asumir, el flamante procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, recibió un llamado de atención. La Oficina Anticorrupción (OA) le envió una carta con recomendaciones y preguntas para evitar conflictos de interés.
La alerta se despertó porque el funcionario aún figura como socio de Saravia Frías Abogados, un bufete que representa a grandes holdings del país. Según su página web, en su cartera de clientes figura, entre otras firmas, el Grupo Macri.
Tras la salida de Ricardo Balbín, Saravia Frías asume en un puesto muy sensible para Gobierno, ya que debe representar al Estado en los litigios y asesorar al Poder Ejecutivo en materia jurídica.
Fuentes de la Casa Rosada advirtieron que el holding de la familia del Presidente «no fue cliente» del estudio de abogados que integró el nuevo procurador del Tesoro y que solo existió «un convenio de honorarios» que luego no se concretó.
La ley de ética pública estipula que los funcionarios no deben intervenir en cuestiones «particularmente relacionadas con personas o asuntos con los que estuvo vinculado en los últimos tres años».
El nombramiento de Saravia Frías suma un condimento extra: a partir de los nuevos decretos de transparencia, el procurador del Tesoro debe tomar directa intervención cuando un litigante contra el Estado esté vinculado al Presidente. Así, por ejemplo, en el caso del Correo Argentino, donde existe un litigio con Socma, Saravia Frías tendrá un rol central.
