Cinco de los represores emblemáticos que actuaron en la ESMA durante la última dictadura militar podrían quedar en condiciones de pedir el beneficio del 2×1 luego del fallo de la Corte Suprema que benefició a un condenado por delitos de lesa humanidad.

Según publicó el diario Página 12, se trata de Jorge «Tigre» Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda.

Los represores fueron condenados a prisión perpetua en 2011 por los secuestros, torturas, violaciones, homicidios y otros delitos registrados en uno de los más grandes que funcionó en la última dictadura.

Jorge «Tigre» Acosta, jefe operativo del principal centro clandestino de la Marina, estuvo preso primero por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos y por robo de bienes de las víctimas; en 2011 recibió su primera condena, a prisión perpetua, en el juicio por los crímenes en la ESMA y más adelante fue condenado por el robo de niños.

El juicio que se conoció como ESMA II incluyó acusaciones por los homicidios de los 12 integrantes del Grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, las primeras Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

Algunas de las condenas sumaron la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y el homicidio del periodista y escritor Rodolfo Walsh.

Algunos de los acusados, sentenciados a perpetua, como Astiz, Radice, Cavallo y también Donda, podrían recibir el beneficio del dos por uno y quedar libres.

Radice está procesado en siete causas más, también por apropiación de bienes.

Donda tiene cuatro causas más, una de ellas por la apropiación de Victoria Donda. Cavallo tiene siete causas más.

Los genocidas de la ESMA habían pedido, algunos, hace tiempo el beneficio del 2×1.

En las últimas horas presentó un planteo para ser beneficiado el excapitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo, para que le rebajen la pena, invocando la sentencia del máximo tribunal.

Según trascendió, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad comenzó a hacer un análisis preliminar que permita proyectar los efectos que traerá la decisión.

Hasta el momento habían relevado 343 sentencias condenatorias y concluyeron que 278 represores sentenciados están en condiciones de pedir el beneficio del 2×1 y quedar libres, lo que representa el 52 por ciento de los condenados que están bajo arresto.

Un caso paradójico de los que entran en el análisis de la Procuraduría es el de Antonio Herminio Simón, ex jefe del Batallón de Inteligencia 123 de Paso de los Libres, condenado en la causa conocida como de la «Contraofensiva», por su participación en la desaparición forzada de un grupo de militantes que regresaban al país en los años ochenta.

Simón había pedido años atrás el beneficio del 2×1 y la Corte Suprema había rechazado su recurso