El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria expresó hoy, al cerrar su visita de diez días al país, una serie de preocupaciones vinculadas a los modos en que se priva de la libertad a las personas y se cumplen las condenas en la Argentina. Además se refirió al caso de Milagro Sala, encarcelada en Jujuy, y subrayó que «sigue vigente» la opinión que brindó en octubre, cuando consideró que su detención era «arbitraria».

En la sede de Naciones Unidas en Buenos Aires, los expertos Elina Steinerte (Letonia) y Setondji Adjovi (Benín), dos de los cinco integrantes del grupo, resumieron las «observaciones preliminares» que rescataron tras recorrer, según informaron, 20 lugares de detención y entrevistarse con 200 personas en Buenos Aires, Jujuy, y Chubut.

Un informe final sobre la visita se presentará en septiembre de 2018 ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Steinerte fue la encargada de repasar los puntos negativos que el grupo anotó en su visita al país. La experta cuestionó «las amplias facultades de la policía» para detener a personas por presunción de delitos o para identificación de identidad; reprochó el uso en «exceso de la prisión preventiva»; criticó las detenciones prolongadas en comisarías; denunció el uso de «celdas de castigo», detenciones de menores de 16 años y la aplicación del sistema penal «sobre los más humildes y vulnerables», de acuerdo a testimonios que recolectaron.

La especialista letona resumió el informe preliminar en un repaso ante la prensa. Planteó que la policía tiene «amplias facultades» para «privar a personas por sospechas de delito, o identificación de identidad». Y explicó que esas facultades se ejercen, principalmente, «sobre menores en situación de calle, pueblos originarios» y la comunidad LGTBT.

Otro punto de crítica fue el «uso excesivo de la prisión preventiva», según leyó la experta en derechos humanos de la ONU. Señaló que «no se refleja» el marco legal, que indica que ese régimen «debe usarse con características excepcionales» y que los detenidos en prisión preventiva «son aproximadamente el 60 por ciento» de la población carcelaria. Afirmó que relevaron casos en los que «el plazo de dos años se excedía y se encontró a personas con hasta 10 años en prisión preventiva».

Las comisarías como lugares de detención fue otra crítica marcada por Steinerte. «Encontramos detenidos que pasan años en esos lugares. Las comisarías no están preparadas y el personal policial no está capacitado para llevar adelante las funciones de agentes penitenciarios», aseguró.

El grupo, según destacó Steinerte, consideró «alarmante recibir manifestaciones sobre el uso de celdas de castigo, o de aislamiento».

«Se nos informó que no puede detenerse a menores de 16 años», señaló la especialista. Sin embargo, afirmó que «la delegación recibió testimonios» de detenciones «de menores de ocho años». El grupo, remarcó Steinerte, «exhorta a que no se prive de la libertad a niños en centros no preparados».

«Hay selectividad en la aplicación del sistema de justicia penal», aseguró Steinerte. «Los más humildes y vulnerables tienen mayor probabilidad de ser detenidos. Recibimos información de privación de la libertad en el marco de protestas sociales», afirmó. El grupo marcó la preocupación por «la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden ante las manifestaciones realizadas por los pueblos indígenas».

En la conferencia de prensa posterior a la presentación de su informe preliminar, Steinerte y Adjovi contestaron consultas sobre la situación de Milagro Sala, la líder de la agrupación Tupac Amaru, detenida en Jujuy desde el 16 de enero de 2016. Subrayaron que no podían referirse a un caso particular, pero dejaron en claro que se mantenía vigente la opinión del grupo, que el año pasado consideró «arbitraria» la detención porque «no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva».

«No fue una instancia de visita a un individuo particular», señaló Steinerte, quien contó que hubo una reunión de la delegación en la que vieron a Sala. Y aclaró: «No fue una visita para revisar la opinión del año pasado, que sigue vigente».

Adjovi reforzó el planteo de su colega: «La visita no es una revisión de opinión. Su detención es arbitraria», señaló.

«Vinimos por invitación del Gobierno y eso tiene el compromiso de escuchar nuestras recomendaciones. Al momento, no tenemos motivos para dudar de que el Gobierno va a cumplir», dijo el especialista, quien aclaró que «las recomendaciones específicas se detallarán más adelante». El informe preliminar del grupo ya fue remitido a las autoridades gubernamentales, según contaron en la conferencia de prensa.

El grupo se opuso al decreto que modificó la Ley de Migraciones con el objetivo de acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos. «El grupo se preocupa por el decreto. Estos cambios deberían haberse tratado en el Congreso Nacional», remarcó Steinerte.

«El Grupo de Trabajo desea recordar que la detención en un contexto migratorio debe resultar una medida excepcional y efectuarse con posterioridad a una evaluación individual. La detención puede justificarse únicamente si persigue un fin legítimo y es proporcional además de necesaria, con control judicial», señaló el informe preliminar del grupo de la ONU.