La Corte Suprema de Estados Unidos concedió hoy una victoria al presidente Donald Trump al permitir la entrada en vigor de parte de su polémico decreto de veto migratorio destinado a prohibir el ingreso al país de refugiados y ciudadanos de seis naciones de mayoría musulmana.
Tras meses de bloqueo judicial, la Corte decidió por unanimidad aceptar el caso y, mientras lo resuelve, levantar su suspensión y permitir provisionalmente que se aplique a todos los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen que no tengan un vínculo fiable con “una persona o entidad de Estados Unidos”.
“Es una clara victoria de nuestra seguridad nacional. Como presidente no puedo autorizar la entrada de quienes nos quieren hacer daño”, afirmó exultante el mandatario, citado por la agencia de noticias EFE
«Quiero a gente que pueda amar a Estados Unidos y a todos sus ciudadanos, y que vayan a trabajar duro y ser productivos», subrayó Trump, que emitió su veto con el alegado propósito de frenar el extremismo yihadista.
La decisión de la Corte Suprema implica que el gobierno republicano podrá negar la entrada al país a cualquier individuo de alguna de esas seis naciones que no pueda probar que tiene familiares en territorio estadounidense o planes ya establecidos para trabajar o estudiar en organizaciones de Estados Unidos.
En concreto, en un escrito de 13 páginas y que no está firmado por ningún magistrado, la máxima instancia judicial determinó que Trump podrá prohibir el ingreso de los «extranjeros que no tengan ninguna relación genuina con una persona o una entidad de Estados Unidos».
Por tanto, la decisión de los jueces afecta sobre todo a los refugiados, que por definición están huyendo de sus países de origen y, en teoría, no tienen por qué tener ninguna relación con Estados Unidos.
El decreto de Trump buscaba anular durante 120 días el programa de acogida de refugiados, así como prohibir durante 90 días el ingreso a Estados Unidos de los ciudadanos de los seis países de mayoría musulmana ya mencionados.
Pese a su dureza, se trata de una versión aligerada de un primer e implacable decreto -una de las primeras medidas de Trump tras asumir en enero pasado- que incluía a Irak e impedía la entrada a viajeros con visados ya aprobados y residencia permanente.
Con la decisión de la Corte, solo podrán entrar los refugiados y los nacionales de los seis países musulmanes que puedan demostrar que tienen una relación familiar o profesional con Estados Unidos.
La semana pasada, Trump afirmó que el decreto migratorio podría entrar en vigor en 72 horas si la Corte levantaba el bloqueo que había impedido su implementación.
Sin embargo, el gobierno estadounidense no especificó cuándo ejecutará la parte del veto autorizada, y el Departamento de Seguridad Nacional se limitó a decir en un comunicado que «dará detalles adicionales sobre su implementación» después de hacer las consultas pertinentes con los departamento de Justicia y de Estado.
«La implementación de la orden ejecutiva se hará profesionalmente, con una notificación clara y hecha con suficiente tiempo, en particular para los viajeros potencialmente afectados y en coordinación con los socios en la industria de viajes», añadió el texto del Departamento de Seguridad Nacional.
Trump trató de imponer su veto por primera vez el 27 de enero, cuando firmó una orden ejecutiva, o decreto, que entró en vigor de manera inmediata y sembró el caos en aeropuertos de todo el mundo.
Ese veto fue bloqueado por la Justicia y, entonces, el 6 de marzo pasado, Trump firmó una nueva orden que, a diferencia de la anterior, dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba el artículo sobre refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.
Esa segunda orden nunca llegó a entrar en vigor porque fue bloqueada primero por jueces en Hawaii y Maryland y, luego, por el Tribunal de Apelaciones del Distrito Cuarto, en Richmond, estado de Virginia, y el Tribunal del Distrito Noveno, con sede en San Francisco, California.
Estos tribunales de apelaciones, instancias inferiores a la Corte, bloquearon la aplicación de la orden porque consideraron que podría suponer un abuso de poder del presidente y porque supuestamente discrimina a los musulmanes como minoría religiosa, lo que viola la Constitución de Estados Unidos.
Frente a esos argumentos, el gobierno ha defendido en todo momento que el veto fue proclamado dentro de la capacidad que la Constitución otorga al presidente para decidir sobre asuntos de seguridad nacional.
Uno de los principales argumentos del gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a Estados Unidos y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.
Ahora, la Corte Suprema estudiará la legalidad del veto durante su próximo período judicial, que comienza el primer lunes de octubre de 2017 y termina en junio de 2018.
La entrada del caso en la Corte se materializó después de que la designación del juez Neil Gorsuch, impulsada por el presidente, culminase con éxito. Asegurada la mayoría conservadora en la corte, la Casa Blanca se sintió con fuerza suficiente para entablar el combate.
