Por Esteban Guida*
El pasado lunes, el Ministerio de Finanzas anunció, por su cuenta oficial de Twitter, la emisión de un bono por 2.750 millones de dólares, con un vencimiento a 100 años y una tasa de interés del 7,125%, lo que implica un rendimiento anual de aproximadamente el 7,9%.
La noticia generó mucha inquietud, porque no hace falta ser economista o entendido en la materia para preocuparse por una deuda que generará intereses durante cien años, sin ninguna idea del para qué se va a usar esos recursos y cuál es la capacidad de repago que tendrá el país durante los años que perdure ese compromiso.
Con una llamativa informalidad y sin aportar más detalles sobre esta colocación, el Ministerio de Finanzas puso el énfasis en “la confianza del mercado en la normalización de la economía argentina”, festejando el anecdótico plazo de 100 años para cancelar esa deuda y soslayando el elevado costo que se deberá pagar por ella.
Al día siguiente de esta curiosa noticia, mientras los medios de comunicación todavía ocupaban espacio en procesar la información y dilucidar sus implicancias para el conjunto de la ciudadanía, se conoce que la calificadora internacional Morgan Stanley Capital International (MSCI) mantuvo a la Argentina en la calificación de “mercado de frontera”, categoría que comparte con Mauritania, Kenya, Kuwait, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Nigeria, entre otros países (ninguno perteneciente al continente latinoamericano).
La noticia contrasta fuertemente con las declaraciones de los funcionarios de Cambiemos respecto a la “vuelta al mundo” de la Argentina producto de la confianza generada por el nuevo gobierno, y complica seriamente la viabilidad y sustentabilidad de la estrategia del equipo económico de mantener el ritmo de endeudamiento externo para financiar el acceso irrestricto a la divisa y la fuga de capitales. La explicación es simple: con esta calificación, la cantidad de dinero que los inversores internacionales estarán dispuestos a prestarle a la Argentina, será menor que si se encontrara en la categoría de “mercado emergente”, y en vista de ello, el costo que el país deberá pagar para acceder al crédito, no bajará como el gobierno esperaba.
Algunas conclusiones preliminares pueden extraerse a partir de estos hechos. En primer lugar, sería ingenuo pensar que los funcionarios de este gobierno, que tienen estrechos vínculos laborales y personales en este tipo de agencias financieras internacionales, desconocían la negativa de MSCI de elevar la calificación de la Argentina; en vista de ello, la emisión “de apuro” de un título a 100 años (de la que, por cierto, todavía se desconocen sus formalidades), anunciada por Twitter un día antes, se enmarca claramente en una estrategia para contrarrestar la pésima noticia de MSCI.
En segundo lugar, corresponde no dejar de advertir la gravedad del proceso de endeudamiento que está llevando a cabo el gobierno nacional, que en tan sólo un año y medio, incrementó la deuda pública total un 32,2% respecto de lo registrado a finales de diciembre de 2015, siendo al día de hoy responsable directo de más de USD74.545 millones de nueva deuda (sin contar el bono a 100 años). Un dato más grave aún, es que de esta nueva deuda, USD60.000 millones corresponde a títulos emitidos en moneda extranjera, y más de USD25.000 a deuda contraída con residente en el exterior, o sea, a deuda externa.
Por último, cabe hacer una mención referida a la calificación de “mercado de frontera” que hace MSCI sobre la Argentina. Es difícil comprender cómo un país con la riqueza y la productividad de Argentina, puede estar en la misma calificación que Sri Lanka o Bangladesh (sin ánimos de desmerecer a esos pueblos y sus culturas). Los criterios que utiliza MSCI para calificar a los países, son: el desarrollo económico; el tamaño y los requerimientos de liquidez; y la libertad de los mercados. Dentro de este último criterio, se encuentra un ítem que hace referencia a la accesibilidad a los mercados y la facilidad en el movimiento de capitales, pero también hay otro que refiere a la “sustentabilidad de la estructura institucional”; en otras palabras, a las garantías políticas e institucionales para sostener las condiciones que requieren los inversores.
En síntesis, así como crece el número de personas que advierten que la política económica desarrollada por Mauricio Macri es inconsistente con los valores nacionales y las expectativas del pueblo argentino, las calificadoras de riesgo también observan que la capacidad de este gobierno para sostener un modelo cuya principal vocación son los negocios para unos pocos, resulta insuficiente y políticamente insostenible.
