En Rosario se realizaron juicios por delitos de lesa humanidad que llevó adelante la justicia federal de la provincia de Santa Fe

Algunos de esos juicios orales se convirtieron en procesos emblemáticos, ya sea por quienes fueron llevados al banquillo de los acusados, ya sea por los delitos que se juzgan y en algunos casos, por haber conseguido que se investiguen causas en las que resultaba impensable conseguir justicia.

Para conocer sobre esas causas y los entretelones, Conclusión dialogó el fiscal federal Adolfo Villate, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas de violaciones a los Derechos Humanos.

El fiscal Villate explicó los detalles de las investigaciones, los alcances de las mismas, cómo lograron reconstruir las distintas historias para llevar a los responsables al banquillo de los acusados y lograr una condena.

También se refirió a la emblemática causa Guerrieri III, en la cual obtuvieron condenas de prisión perpetua para todos los imputados y entre los hechos investigados se cuenta lo sucedido en la quinta de Funes, La Calamita y la escuela Magnasco. Hubo un total de diez acusados por los que el fiscal y las querellas pidieron reclusión perpetua son los militares retirados Pascual Guerrieri; Marino Héctor González; Alberto Pelliza; Jorge Fariña y Juan Amelong, todos integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, organismo militar dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército –comandado primero por Ramón Díaz Bessone y luego por Leopoldo Galtieri, hasta 1979)– y bajo cuyas órdenes operacionales se encontraba la Policía provincial. Los restantes cinco imputados en el juicio formaron parte de la trama de espías civiles montada por la Inteligencia militar: Walter Pagano; Eduardo Costanzo, Ariel López; Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach. Fueron juzgados por delitos cometidos sobre 47 víctimas.

También se refirió a otras causas como la del secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. La particularidad de ese caso es que el hecho ocurrió en mayo del año 1983 sobre el final de la dictadura. Fueron secuestrados aquí y entregados a la patota de Luis Abelardo Patti.

Además, mencionó la investigación que comenzó hace poco tiempo, conocida como “El Villazo”, ocurrida Villa Constitución que terminó con el secuestro y desaparición de trabajadores de Acindar.

Luego se expresó sobre la causa Feced III, de gran valor simbólico, puesto que uno de los acusados es el  capellán Zitelli y el resto son policías. Explicó el alcance de la investigación en este tramo del juicio y la suspensión del mismo debido a desistimiento de la querella por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a partir del despido del abogado, Santiago Bereciartúa, y luego la renuncia de juez Villafuerte Ruzo.

Finalmente, señaló la importancia de continuar con los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y destacó las políticas de Derechos Humanos.

Por último, cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al beneficio del 2×1 otorgado al represo Muiña.