La Oficina Anticorrupción (OA) se presentó hoy como querellante en la causa que investiga el presunto direccionamiento de los contratos de obras públicas viales al grupo Austral Construcciones, propiedad del empresario detenido Lázaro Báez, durante el Gobierno de Cristina Kirchner.
Por el caso, la ex mandataria se encuentra procesada, al igual que Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y Carlos Kirchner, primo del fallecido Néstor Kirchner.
El juez federal Julián Ercolini dictó los procesamientos por «asociación ilícita y administración fraudulenta agravada», por supuestamente haber beneficiado a Báez con el otorgamiento de obra pública vial en santa Cruz, omitiendo controles sobre el avance de las obras, y con beneficios en la cadena de pagos.
La OA, que depende del Ministerio de Justicia, destacó que la denuncia que originó la causa -presentada por el actual director de Vialidad, Javier Iguacel- describe «un plan diseñado en la provincia de Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado a favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia durante el período 2003/2015».
La denuncia de la DNV señaló la «concentración en la adjudicación de obras en un único grupo de empresas», ya que de 83 obras en la provincia de Santa Cruz, 51 fueron contratadas con aquéllas.
La OA remarcó que ya es querellante en causas vinculadas con esta, entre ellas la causa Hotesur, que investiga «un circuito económico basado en la actividad hotelera» que habría permitido a la familia Kirchner «canalizar regularmente fondos desde las empresas contratistas de obra pública», y en también en el expediente por el presunto lavado de dinero vinculado con la adjudicación irregular de obra pública a las empresas del grupo Báez.
«Así pues, y en un todo de acuerdo con los lineamientos fijados por la Cámara, corresponde investigar si el colosal patrimonio puesto en cabeza de Lázaro Antonio Báez, su familia y sus empresas pertenece exclusivamente a éstos, o si, por el contrario, existen otras personas detrás de ellos que sean los verdaderos dueños de semejante fortuna», señaló la Oficina, que conduce Laura Alonso.
