Por Facundo Díaz D’Alessandro
Este martes y tras la fallida negociación entre el sector patronal y los gremios, mediados por la cartera laboral, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, decretó unilateralmente la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil, fijando un aumento cercano al 24%, que llevaría el monto a $10.000 pero recién a mediados de 2018. El aumento para 2017 es del 10% (8.860 pesos).
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) es un instituto regido por la Ley de Contrato de Trabajo en su artítulo 116, que lo señala como la menor remuneración que debe percibir el trabajador en efectivo y sin cargas de familia, por su jornada legal de trabajo para asegurar: una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. El SMVyM, además, tiene rango constitucional: lo consagra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual lo contempla expresamente como un derecho fundamental.
Es un instituto con amplia aplicación a nivel mundial, pero con diferentes metodologías de fijación y alcances, cuya finalidad es establecer un límite inferior básico para la estructura salarial, susceptible de exigibilidad jurídica invocando la autoridad del Estado.
Por lo tanto, el salario mínimo es aquel nivel por debajo del cual las partes -en un contrato de trabajo- no pueden pactar una remuneración salvo autorización legal expresa. De movida, esto excluye a todos los trabajadores del mercado informal («en negro»), siempre desamparados por el anonimato propio de su inexistencia virtual en la economía formal. En estos casos, al menos, quizás la cifra oficia de referencia.
En la década del 90, se asistió al congelamiento del salario mínimo. El menemismo argumentaba que los incrementos salariales debían estar ligados al aumento de la productividad. Así, el salario mínimo se mantuvo congelado en 200 pesos durante toda la etapa de la convertibilidad, lo que, entre otras cosas, generó fuertes caídas del poder adquisitivo, marca de época y de la regresiva distribución de ingresos que predominó entre 1991 y 2001.
Al asumir en 2003 Néstor Kirchner, junto al entonces (y hasta 2015) ministro de Trabajo Carlos Tomada, con una población aun avizorada por los espasmos del desastre de 2001, pero una economía que comenzaba a ponerse de pie para encarar varios años de crecimiento (boom de precios de commodities incluido) incrementó por decreto el salario mínimo vital y móvil por primera vez desde 1993 (pasó de 200 a 350 pesos) y volvió a poner en funcionamiento el tripartito Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Desde entonces, el Consejo funcionó cada año de la década kirchnerista con aumentos constantes, aunque de seguro insuficientes, sumando de 2003 a 2015 un incremento acumulado de 2.424%, quedando este en 6.060 pesos.
Al asumir la presidencia, Mauricio Macri y su ministro de Trabajo, Jorge Triaca, mantuvieron en vigencia al Consejo del Salario. En 2016 se efectivizó una suma de 33% en tramos, quedando para enero de 2017 en 8.060 pesos.
Este año, con el poder adquisitivo del salario real en descenso, y una economía deprimida, los gremios exigían un aumento en el orden del 74%, para equiparar el SMNV con la canasta básica, que marca la línea en que un trabajador es pobre o no (14.060 pesos). Desde el sector empresario ofrecieron una suba del 20,3% en tres tramos (hubiera quedado en $8.860 en julio, $9.200 en enero y $9.700 en julio).
La presión de los miles de manifestantes de organizaciones sociales que bloquearon el tránsito frente a la sede de la cartera laboral fue decisiva para que las principales centrales sindicales, la CGT y las dos CTA resistieran cualquier acuerdo que no garantizara un salario mínimo de $ 10.000 este mismo año.
Ante la falta de entendimiento entre las partes, el ministro Triaca fijó unilateralmente la suba, en una medida no inédita pero si con pocos y lejanos precedentes, afirmaron desde las centrales sindicales.
El esquema fijado por el ministerio de Trabajo establece que el aumento se aplicará en tres tramos: desde el 1º de julio el actual salario mínimo de $8.060 subirá a $8.860; desde enero próximo trepará a $9.500 y recién llegará a $10.000 en julio del próximo año. Así lo establece la Resolución 3-E/2017 publicada hoy en el Boletín Oficial. De este modo, la suba en 2017 alcanzará solo el 10%.
El salario mínimo en otras latitudes
Desde algunos sectores y con un enfoque convencional, se ha considerado que el salario mínimo puede tener un efecto negativo sobre el empleo. Sin embargo, estudios recientes (y no tan recientes) en países desarrollados encuentran que el empleo global no se ha visto afectado y que incluso en los grupos de trabajadores que ganan salarios más cercanos (jóvenes, no calificados), no hay evidencia sobre tales efectos.
En miras de contextualizar, es interesante observar cuanto es en otros países el mínimo establecido por ley que debe recibir un trabajador.
En lo que respecta a América Latina, según datos del blog especializado en economía y finanzas ‘Financialred México’, Argentina ha alcanzado un lugar privilegiado a lo largo de los años y sus luchas sociales, ya que los salarios mínimos más altos registrados actualmente corresponden a Panamá (744 dólares), Costa Rica (512), Argentina (448) y Guatemala (369).
Por el contrario, también según la misma fuente, los países con salarios mínimos más bajos serían, en orden descendente, Bolivia (238 dólares), Brasil (212), México (120) y Nicaragua (115).
Australia, cuyo modelo de desarrollo encuentra admiradores en el gobierno, como el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, quien en charlas internas insiste en direccionar el modelo imitando al del país oceánico, tiene un salario mínimo de 2.565 dólares.
En Estados Unidos es 1.616 dólares. Si nos trasladamos a Europa, donde la moneda es el euro (tener en cuenta que en Argentina por cada dólar se paga alrededor de 16,50 y por cada euro 18,50 pesos) encontramos que en Francia el salario mínimo alcanza los 1.398 euros, en Grecia 877 euros, en España 748 euros, en el Reino Unido 1.202 euros, en Portugal 566 euros y en Turquía 363 euros, sólo por citar algunos casos.
