La tensión entre el Gobierno y la Justicia Laboral no es solo de palabra. Cuatro camaristas están denunciados y con pedido de juicio político por sus fallos en favor de los sindicatos y trabajadores y una jueza de primera instancia fue recusada por un fallo a favor de los docentes.

A través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Gobierno denunció a dos camaristas laborales -Diana Cañal y Luis Raffaghelli- con pedido de juicio político por haber dictado una medida cautelar que ordenaba la reinstalación de 9 trabajadores despedidos del ex AFSCA. Los jueces consignaron que para ellos esos empleados fueron despedidos por razones discriminatorias por pertenecer a una agrupación política.

El Gobierno ya había tomado una serie de medidas del mismo tipo contra los jueces laborales Graciela Marino y Enrique Arias Gibert que habían intimado a las cámaras empresarias bancarias a cumplir con el acuerdo salarial que habían firmado en diciembre de 2016 con la Asociación Bancaria. El acuerdo firmado estaba muy por encima de la pauta cercana al 20 % que buscaba el Gobierno para cerrar las paritarias. Ese entendimiento había sido objetado en lo formal por el Ministerio de Trabajo, que no homologó el acuerdo por entender que no tenía la aprobación de todas las entidades bancarias.

Así los bancos de todo el país debieron pagar conforme al acuerdo que habían firmado la Asociación Bancaria con dos de las cámaras, Abappra (bancos públicos y privados de capital nacional) y Adeba (entidades privadas de capital nacional) y que no había logrado adhesión por parte de los bancos extranjeros de ABA ni de la banca especializada (ABE). Ante esa cautelar, el Gobierno solicitó el juicio político de los camaristas.

Además, a nivel provincial, el Gobierno recusó a la jueza laboral Dora Temis que había intimado al ejecutivo provincial a retrotraer los descuentos por día de huelga a los docentes a partir de una denuncia presentada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), de la que Luis Raffaghelli es su presidente -y uno de los denunciados por el Gobierno-, emitió un duro documento donde señala que “ advertimos con gran preocupación la generalización de esta práctica de denunciar a los jueces y juezas por el contenido de sus sentencias, y alertamos sobre su inusitada gravedad institucional, dado que atenta contra la independencia del Poder Judicial –base fundamental de la división de poderes-, intentando condicionar el ejercicio independiente de la magistratura, mediante un avance indebido sobre las atribuciones constitucionales de los órganos».

También la Asociación de Abogados Laboristas señala que “es inaudito que se ataque a los jueces y se pida su juicio político por lo que dicen en sus sentencias. Ya estamos ante una práctica sistemática: sale un fallo a favor de los trabajadores y contra el Gobierno, y se ataca a los jueces públicamente. Lo que intenta es dar un mensaje a todos los jueces laborales para que sepan lo que les puede pasar. Una amenaza”.