Por Nabih Yussef*
Botella de ron en mano, un manifestante se agacha entre la multitud mientras otra persona a su lado vierte un líquido claro dentro del envase de vidrio. En la punta del pico, un pañuelo mojado sella toda la abertura de la botella. Se trata de un cóctel molotov listo para ser usado contra un camión hidrante antidisturbios de la Guardia Nacional Bolivariana, que busca descomprimir las barricadas en las calles de Caracas. El camión es repelido por las “guarimbas”, un término popular para identificar a las protestas organizadas con cierre de calles. La puerta del lado del conductor es abierta a modo de palanca por uno de los manifestantes, mientras la turba logra sacar de su interior al oficial al volante. El vehículo es incinerado por las bombas caseras, mientras el policía es ejecutado con su propia arma a sangre fría. El disparo tensa sus dos piernas y serena los brazos que cubrían su cara para repeler los golpes propinados por una docena de personas. Una mujer abre sus brazos de par en par para frenar a los manifestantes que huyen con el arma y un escudo antidisturbios.
Mientras tanto, en el centro comercial de la ciudad un funcionario escoltado por oficiales armados abre por la fuerza las persianas de metal de los comercios minoristas. La cámara de pequeños comerciantes se ha plegado al llamado de la oposición de cerrar sus comercios en señal de protesta contra el gobierno nacional. El cabo recibe la orden y falsea la cortina metálica abriendo la puerta del local. Adentro, dos mujeres son sorprendidas por las autoridades y son obligadas a abrir el local de indumentaria, por la fuerza. Los propietarios se quejan que la inflación los va a llevar a la ruina y de la imposibilidad de continuar aceptando la moneda de curso legal como medio de intercambio, el “bolívar fuerte”, que pese a su denominación cotiza a ¢0,05 de dólar por cada 100Bs. Lo que ha obligado a algunos locales a pesar el dinero en balanzas antes que contarlos uno por uno. “Estamos aquí en unión cívico-militar para la gran misión de abastecimiento soberano para hacer el seguimiento al normal desenvolvimiento de la economía”, justifica frente a las cámaras de televisión William Contreras, Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
El clima político de Venezuela es abiertamente dicotómico. El país se encuentra dividido en dos mundos paralelos que construyen identidades a partir de la anulación del otro. Por un lado los “terroristas”, grupos “radicales fascistas” de la derecha, los partidos políticos que ganaron las elecciones parlamentarias; y por otro, el “pueblo unido” relatado por el gobierno revolucionario venezolano, acusados de “dictadores” por la oposición venezolana.
La división es tan sorda que ambos sectores han llamado a sus simpatizantes a las urnas en comicios separados. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha desarrollado un plebiscito sin respaldo del Consejo Nacional Electoral, consultando a la sociedad por el rechazo de la constituyente propulsada por el gobierno, el rol de las Fuerzas Armadas y el llamado a elecciones inmediatas. El resultado anunciado tuvo cifras astronómicas, el 98% de los 7 millones de votantes manifestó el rechazo a la reforma constitucional de Maduro.
Por su parte, el gobierno anunció para el próximo 30 de julio el llamado a elecciones por una nueva convención constituyente para reemplazar paradójicamente a la constitución de 1999 impulsada por el exmandatario Hugo Chávez.
En la elección se espera que no participe la oposición venezolana que ha rechazado la modalidad corporativa de la elección. La constituyente no reconoce a los partidos políticos democráticos como representantes institucionales de la sociedad sino a aspirantes atomizados de los territorios y de sectores sociales segmentados: obreros, discapacitados, indígenas, etc. sin quedar claro cómo se dividirán los electores por cada capa social. Se espera que el resultado final tenga similares cifras irrisorias como las anunciadas por el plebiscito de la MUD, lo que a las claras, distorsiona el sentido de las elecciones representativas donde adversarios deben competir bajo un mismo sistema electoral por los votos de la mayoría.
Venezuela en cifras
La división política de Venezuela inmoviliza la estructura del Estado y agudiza la situación económica. El producto bruto interno (PBI) del país ha descendido 10 puntos porcentuales en lo que va del año, afectando las reservas del tesoro que cayeron a 9.000 millones de dólares, en su nivel más bajo desde 1997. El mercado interno tampoco reacciona, con 18% de desocupados y una inflación galopante de 720% anual. Esto hace inviable el comercio minorista, lo que se ve reflejado en el desabastecimiento de mercados de alimentos donde la lucha por la leche o el papel higiénico se convierte en una lucha por los derechos civiles.
La balanza comercial tampoco reacciona. El barril de petróleo continúa dentro de los us$45 dólares amesetado por las reservas de crudo de los Estados Unidos y la desaceleración de China. Esto complica el futuro inmediato del país que explica casi un 90% de su economía por el monocultivo de crudo y su exportación.
En las finanzas, Venezuela profundiza la extranjerización de su economía. A pesar de la retórica nacionalista de Nicolás Maduro, la compra de bonos Goldman Sachs amenaza el diseño de la política financiera del gobierno. Se trata de una operación de bonos de la estatal petrolera PDVSA por 2.800 millones de dólares con un rendimiento del 38% promedio. El instrumento se convirtió en el bono estrella del actual mercado internacional de finanzas, desbancando del podio a las argentinas Lebac con 32% de retorno.
Desde el punto de vista humanitario, el conflicto político se acerca a los casi 100 muertos por disputas entre las facciones. La oposición se organiza con grupos de jóvenes para tomar sedes institucionales de los Estados subnacionales, al tiempo que organiza barricadas para evitar el transporte de pasajeros y mercancías. No obstante, el poder de fuego se encuentra desequilibrado. Las Fuerzas Armadas que responden al gobierno nacional han avanzado incluso en sectores institucionales donde tradicionalmente el control era ejercido por grupos civiles. La unidad militar a cargo de la seguridad de la Asamblea Nacional ha desconocido la autoridad de su presidente Julio Borges, diputado electo por la oposición. Lo que produjo el ingreso de manifestantes del oficialismo al interior del Capitolio Federal para frenar el inicio de comisiones de labor parlamentaria agrediendo al personal civil y a los congresistas, todo esto ante la mirada pasiva de las fuerzas del orden público. Fenómeno que amenaza el control civil sobre el aparato militar.
Reacciones internacionales
Las reacciones internacionales son heterogéneas. Por un lado, Estados Unidos ha manifestado que tomará medidas económicas “fuertes y rápidas” en voz del mandatario Donald Trump. La Casa Blanca analiza sanciones económicas y cortar el suministro de petróleo proveniente de PDVSA. La estatal venezolana exporta un tercio del crudo producido al gigante anglosajón, seguido de India y China con 17% y 16% respectivamente. Lo que produciría el ahogo de las exportaciones del país en un momento donde la dependencia del crudo es cada vez mayor.
Por otra parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) ha manifestado su apoyo a Maduro. El esquema de integración nacido del ingenio de Chávez sigue de cerca los acontecimientos en Caracas. Pese a ello, se muestra económicamente impotente para ofrecer a Maduro una alternativa al desabastecimiento alimentario y la crisis económica.
El Mercosur permanece estancado. La reciente cumbre del Mercosur no ha logrado consensos políticos para destrabar el conflicto. La Cumbre de Mendoza ha expedido una declaración oficial para manifestar “su profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria en Venezuela”, e invitó a ambas partes “al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas”, pero sin avanzar en sanciones.
Al conocer el comunicado, Maduro tildó a Mauricio Macri (Argentina) y Juan Manuel Santos (Colombia) de “sanguijuelas” que aplican las políticas que les dicta el Departamento de Estado estadounidense. Venezuela aún permanece suspendida del organismo por incumplir acuerdos de derechos humanos para pertenecer a la organización regional.
Sin acciones conjuntas no hay solución al conflicto. Venezuela permanece inmersa en una crisis política que amenaza con desplazar a miles de venezolanos al exterior de sus fronteras, para emigrar a Colombia, Ecuador, Perú y el norte brasileño en busca de trabajo o paz social.
El próximo 30 de julio se espera una jornada electoral dividida donde quizás los únicos que concurran a las urnas sean los simpatizantes del oficialismo. Proceso de similares características al esbozado por al MUD en el plebiscito contra la constituyente.
Oposición y oficialismo hacen oídos sordos ante las convocatorias electorales de uno y otro bando. Mientras la comunidad internacional asiste por televisión al espectáculo de su fracaso.
*Analista internacional, director de www.CEIEP.org
