La Arquidiócesis de la Ciudad de México cuestionó la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción al establecer que “entra en vigor con graves carencias”. “Si bien la estructura orgánica se ha echado a andar, las figuras más emblemáticas aún permanecen en la incertidumbre», indicó en un editorial publicado el domingo en el semanario Desde la Fe.
México puso el miércoles pasado en marcha el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en medio de críticas por la demora del nombramiento del fiscal y los magistrados que combatirán la corrupción que azota al país.
Formada por varias leyes y disposiciones, el SNA quedó completado con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos destinada a castigar los actos de corrupción de funcionarios, pero sin el nombramiento todavía de la figura clave del fiscal anticorrupción.
La Iglesia mexicana recordó que una de las promesas de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que arrancó en diciembre de 2012, fue acabar con la corrupción.
No obstante, la implementación del SNA «llega con un pronóstico fatal que pone en serio entredicho la capacidad de la clase política y la sinceridad de sus intenciones por acabar con el flagelo de la corrupción», señaló.
En mayo de 2015, se explicó en el texto, la reforma de diversas disposiciones constitucionales sobre el combate a la corrupción «fue promulgada con bombo y platillo, y se ordenaba la estructuración de una legislación que reglamentara el sistema nacional».
Sin embargo, el conjunto de leyes que el Congreso debía conformar padeció «resistencias» de la clase política, pese al interés ciudadano de designar autoridades con «capacidades plenas» para «castigar las deshonestidades de la corrupción».
Uno de los mayores vacíos, remarcó la Iglesia, fue la designación del fiscal anticorrupción, pues si bien hubo vario candidatos, hoy la lista está «en el cajón legislativo».
«Igualmente, los senadores han dilatado la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para la integración de las salas especializadas», se apuntó en el texto.
Adicionalmente, el SNA debe instalarse en cada uno de los estados del país, pero sólo 14 de ellos tenían reformas constitucionales «satisfactorias» y acordes al nuevo sistema.
Por todo ello, el SNA nace con graves carencias, apuntó la Iglesia, que instó a poner fin a las dilaciones «porque la corrupción alimenta el crimen organizado, destruye la vida democrática y pone en entredicho las autoridades».
«Con esta negligencia surge inevitable una pregunta: ¿por qué la clase política se resiste a terminar con la corrupción? ¿Será porque ésta se ha convertido en su motor?», concluyó la Iglesia.
