Por David Narciso
Tras 20 meses de espera, el gobernador Miguel Lifschitz consideró esta semana que se había agotado la paciencia con la Nación para acordar la devolución de los fondos de coparticipación ordenada por la Corte Suprema.
Cualquiera que escuchase esa declaración imaginaría que no queda espacio más que para presentarse de nuevo ante los jueces supremos y decirles: “Señores, Nación no cumplió, este es el monto que nosotros pretendemos, validen o corrijan y ejecuten”.
Sin embargo nada de eso pasará a corto plazo. El gobierno provincial mantiene su apuesta a una salida política antes que judicial, pero ahora aplicará un cambio de estrategia: aprovechar el escenario electoral para presionar a la Casa Rosada, sumar aliados a la causa y obligar a candidatos y partidos a tomar posición con respecto a la deuda que Nación adeuda a Santa Fe, en especial, claro, los aliados de Macri en Santa Fe.
La idea es repetir la estrategia utilizada por el ex gobernador Hermes Binner en 2009 cuando fue ala Corte Suprema para que frenase los descuentos de coparticipación, lo que en noviembre de 2015 motivaría el fallo que le dio la razón y además ordenó restituir lo detraído desde 2006.
Binner le dio a esa presentación un carácter de política de Estado cuando logró que todo el arco político lo acompañara en la presentación, con la sola excepción del kirchnerismo. Lifschitz pretende hacer lo propio y pasar lista: a ver quiénes están con el reclamo y quienes anteponen su lealtad política a la Casa Rosada por encima de los intereses de Santa Fe, algo que mucho se le achacaba por entonces a los kirchneristas locales.
La movida todavía no tiene fecha ni formato, pero sucederá y será un reclamo santafesino para con el gobierno nacional que debe. Bien trabajado, estima el gobierno, es un escenario ideal para que Lifschitz y su candidato a primer diputado nacional, Luis Contigiani, puedan sacarle el jugo y, de paso, capitalizar electoralmente.
¿Por qué no la vía judicial?
El procedimiento indica que tras el contundente fallo de noviembre de 2015 corresponde que Santa Fe y San Luis, las dos provincias beneficiadas, presenten liquidación de la deuda a Nación, ésta haga las observaciones que crea pertinentes, y en caso de desacuerdo la Corte fije el monto definitivo.
Pero Nación entretuvo con reuniones en estos 20 meses, pasaron distintos ministros y la propuesta de pago nunca apareció.
¿Por qué Santa Fe no recurrió a la Corte directamente siendo que el fallo es muy claro en el sentido que otorga 120 días de plazo para llegar a un acuerdo entre las partes o de lo contrario fijaría el monto y forma de pago por sí misma?
No todo lo que parece es. Muchas veces los tiempos de la Justicia, y en especial los de la Corte, que es un tribunal sin plazos, no coinciden con la firmeza de la letra escrita. Judicializar de nuevo implica atarse a los tiempos siempre cambiantes en la relación gobierno-Corte. El requerimiento podría resolverse en un mes o en años. Una especie de limbo impredecible. Como ejemplo vale recordar que Santa Fe introdujo la demanda en 2009, y el fallo se conoció en noviembre de 2015, cuando nadie lo esperaba. El reclamo de pago no está exento de correr suerte análoga.
Judicializar el cobro le permitiría al gobierno nacionalvictimizarse, aducir que recién están empezando y que no le dieron tiempo. Lo mejor, sostienen en Casa Gris, es no entrar en ese terreno.
Los montos de las deudas
Santa Fe y San Luis, cada una por su lado, presentaron al Ministerio de Hacienda las liquidaciones de deuda que creían que les correspondía.
Los puntanos reclamaron más de 15 mil millonesde pesos por todo concepto y la Nación admitió 12 mil millones, por lo que en abril pasado el gobernador Alberto Rodríguez Saá exigió que empiecen a pagarle a cuenta al menos lo reconocido y que la diferencia la defina la Corte. Nación no respondió, y el Alberto bate el parche en su provincia.
La liquidación que presentó Santa Fe fue superior a 33 mil millones. Durante la reunión, el ministro de Interior Rogelio Frigerio le indicó a su par de Hacienda Duvojne que tuviera una propuesta para cerrar el tema en unos 70 días. Sin embargo, de nuevo no pasó nada, según la provincia.
Historia de una deuda monumental
En noviembre de 2015, días después del balotaje que consagró presidente a Macri, la Corte Suprema falló a favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba que reclamaban por los descuentos de coparticipación que Nación aplicaba a las provincias para financiar Ansés y Afip. Esos descuentos venían de arrastre de los pactos fiscales de los 90, pero a su vencimiento, los gobernadores de entonces de las tres provincias no aceptaron prorrogarlo.
El gobierno nacional continuó de forma unilateral con los descuentos, lo que motivó presentaciones judiciales ante la Corte (es la que dirime conflictos entre Estados provinciales y nacional). En el caso de Córdoba, ordenó cesar automáticamente la retención del 15% de la coparticipación. Para Santa Fe y San Luis, además, ordenó restituirles en forma retroactiva lo detraído entre 2006 y 2015.
En sus últimos días, la presidenta Cristina Fernández firmó un decreto que extendía al resto de las provincias el cese de los descuentos, con el argumento de ponerlos en igualdad de condiciones.
Apenas asumido Macri, anuló la medida y forzó una negociación con los gobiernos de cada jurisdicción recién asumidos. Tras ese proceso les restituyó el pleno de coparticipación, pero en la mesa de negociación les arrancó el respaldo para algunas de las leyes más importantes que necesitaba sacar en el Congreso de la Nación.
