La jueza penal de 1º Instancia, Hebe Marcogliese, hizo lugar a un hábeas corpus preventivo interpuesto conjuntamente por el defensor público, Juan Pablo Nardín y la Oficina de Asistencia al defendido víctima de Violencia Institucional de la Defensoría Regional de la 2º Circunscripción Judicial (Rosario).

La acción fue presentada en favor de cinco jóvenes, uno de ellos menor de edad, quienes denunciaron haber sido golpeados, hostigados y amenazados por agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Rosario.

Durante la audiencia, Nardín señaló que  en la noche del viernes 28 julio, siete jóvenes que circulaban en moto por el barrio Santa Lucía fueron demorados por oficiales de las PAT quienes les habrían apuntado con escopetas «Itaka», poniéndolos a todos contra el auto para requisarlos. Al no encontrar nada, uno de los oficiales comenzó a rastrillar la zona, encontrando un arma a unos siete metros de donde estaba desarrollándose el operativo.

Ante esto, otro oficial les habría ordenado que se quedaran quietos porque les iba a «arruinar la panza a todos», entre otras amenazas. En ese momento arribó a la escena un móvil del Comando Radioeléctrico (CRE) y una furgoneta de color negra de la PAT. Según el relato del Defensor, los oficiales de policía les pidieron que se arrodillen cruzando los pies, poniendo las manos en la nuca y la frente contra el piso para luego esposarlos.

Luego, el Defensor Público señaló que la madre de uno de los chicos se hizo presente en el lugar del hecho. Los agentes le habrían solicitado que firmara un acta donde figuraría el procedimiento para regularizar el secuestro del arma. Como ésta se negó, los policías la habrían rodeado y amenazado también.

Tras ello los adolescentes fueron derivados a la Subcomisaría 22º donde, según denunciaron, los hicieron desnudar y golpearon a todos mayormente en la cabeza, tórax y piernas. En todo el tiempo que duró la detención no fueron revisados por un médico, ni les habrían dado nada para beber. Finalmente alrededor de las 13 horas de ese día fueron liberados, luego de firmar una serie de papeles que les impidieron leer. Luego de ello, fueron reunidos por el personal policial que los amenazó con nuevas detenciones y golpes.

Vale destacar que en la tarde de este miercoles, las víctimas se hicieron presentes en la audiencia y relataron los hostigamientos, amenazas y golpizas proferidas por parte del personal policial.

Por su lado, el Fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA),  Gustavo Ponce Asahad pidió que se haga lugar al hábeas corpus interpuesto por la Defensoría Regional de Rosario. Asimismo, señaló que a los jóvenes se les inició una causa por abuso de armas, que rápidamente fue archivada por la fiscal Juliana González.

Luego de escuchar a las partes, Marcogliese resolvió hacer lugar interpuesto por la Defensa Pública ordenando que sean notificadas las autoridades de la Unidad Regional II, y en especial a la autoridad de la PAT, que»deberá evitar todo tipo de amenazas, hostigamientos y restricciones a la libertad ambulatoria de los amparados que pongan en riesgo la vida y/o la integridad física» de los jóvenes. Además, la magistrada pidió que el audio y video de la audiencia sea remitido al MPA para que sea investigada la presunta comisión de ilícitos penales por parte del personal policial interviniente en el marco del procedimiento relatado.