El Tribunal Constitucional (TC) de Chile decide este viernes si aprueba o entierra la ley de aborto terapéutico aprobada por el Congreso tras dos años y medio de titánica discusión.
El recurso de inscontitucionalidad fue presentado por grupos conservadores en su ofensiva final contra la norma que despenaliza el aborto en caso de riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y violación, aprobada a principios de este mes.
Esta ley «es lo mínimo que Chile le debe a sus mujeres», comentó Bachelet el jueves en un acto público. La socialista aseguró que su gobierno defenderá la «pertinencia y constitucionalidad» de la norma con todos sus «recursos y energías».
Aseguró no obstante que acatará el fallo del TC, sea cual sea. Los legisladores conservadores -que dieron lucha hasta el final del trámite legislativo, dilatando en varias ocasiones la aprobación del proyecto- aseguran que la ley «no despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, sino que legaliza el aborto directo o provocado», vulnerando el derecho a la vida del que está por nacer, consagrado en la Constitución.
Una posición defendida en las puertas del TC por integrantes de grupos religiosos que llegaron muy temprano con carteles que proclaman: «No matarás» y «Asesinato en tres causales».
El aborto en caso de riesgo de vida para la madre es una práctica común en América Latina. Si Chile promulga la ley dejará de formar parte del puñado de países que penalizan la interrupción del embarazo entre los que figuran Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Fuego Cruzado
Entre miércoles y jueves, 135 organizaciones y personalidades presentaron sus alegatos a favor y en contra de la ley en la máxima corte constitucional del país.
En los alrededores del TC, ubicado en el centro de Santiago, manifestantes contrarios a la norma montaron vigilias alrededor de cunas vacías, rezos y entonaciones de canciones religiosas que se cruzaron con proclamas proaborto.
«El proyecto debería llamarse legalización del asesinato o infanticidio con alevosía y tortura prenatal de un niño en el vientre de su madre, en situación de vulnerabilidad», lanzó Marcela Aranda, integrante de la agrupación religiosa «Vive la Fe», durante una efusiva presentación ante el TC.
En la vereda de enfrente, Beatriz Sánchez, candidata presidencial por la coalición de izquierda Frente Amplio, consideró «históricos» los pasos finales hacia la despenalización. «Discutimos si las mujeres tienen derecho sobre su cuerpo (…) hoy esta decisión nos es negada, la toman otros por nosotras, principalmente hombres que ocupan mayoritariamente puestos de poder en Chile», alegó.
Tras dos días de fuego cruzado, este viernes los magistrados del TC escuchan a dos abogados por cada postura. La Constitución «en esta materia le dio un solo mandato, muy especifico: proteger al que esta por nacer», dijo Miguel Angel Fernández, abogado de los demandantes, a periodistas.
Mientras que para Francisco Zuñiga, representante legal por los Congresistas que estan de acuerdo con la ley, es claro que «no hay consagración del aborto como se ha dicho de manera demagógica», simplemente el Congreso se hizo cargo de dar solución a tres causales,
Tras deliberar, se espera que los miembros del TC emitan su veredicto aunque existe la posibilidad de que pidan una prórroga de diez días para zanjar la discusión, lo que es poco probable. En caso de empate, el voto del presidente del TC es decisivo. En Chile se registran unos 30.000 abortos provocados o espontáneos, según datos oficiales.
Apoyo popular
La despenalización del aborto en tres causales cuenta con un 70% de aprobación de la población chilena, según un reciente sondeo realizado por la consultora local Cadem.
Desde 1931 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en Chile en casos de peligro para la madre o inviabilidad del feto. Pero el dictador Augusto Pinochet, poco antes de terminar su régimen (1973-1990), apoyado por la iglesia, lo prohibió.
Una penalización que se sumó a otras tantas iniciativas de la dictadura, que dio un sesgo ultraconservador a la sociedad chilena, que tuvo que esperar a 2004 para poder divorciarse legalmente o a 2008 para que las mujeres pudieran disponer de la píldora del día después.
Hace dos años, Bachelet logró otro hito cuando el Congreso aprobó un proyecto que permite uniones de parejas homosexuales, aunque no está reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo.
