Por Nabih Yussef*
El 31 de agosto de 2016, 61 senadores brasileños votaban por destituir a Dilma Rousseff de su cargo como presidente de Brasil. El motivo del desplazamiento fue la comisión de un “crimen de responsabilidad” en materia de déficit presupuestal. La solemne acusación produjo marchas y contramarchas por todo el país, ante la denuncia del Partido dos Trabalhadores (PT) sobre un quiebre constitucional, la ruptura del orden democrático, lo que tildaron sin vueltas de “golpe”. Para el politólogo Pérez-Liñán, escritor de “Juicio político al presidente” editado por el Fondo de Cultura Económica, lo que sucedió en Brasil “no es un problema legal sino esencialmente un problema político, el Congreso decidió sacrificar a la presidenta en un contexto en el cual el gobierno era muy impopular y la economía estaba en crisis”, y subraya “decidió sacrificar a la presidenta para salvar a la clase política, y en parte lo ha logrado”.
Para el politólogo de origen argentino, el juicio político “es un animal con cuerpo legal pero con un alma política”, lo que conlleva a la manipulación del tejido legal para la consecución de la finalidad política, una tendencia recurrente en los procesos de impeachment en América Latina. “El juicio político suele ser un instrumento legal que se estira para cubrir una necesidad política”, sentencia.
Paraguay fue otro de los países donde se instrumentalizó recientemente el juicio político. En 2012, el Congreso paraguayo de mayoría opositora desplazó en tan solo 48hs a Fernando Lugo del sillón presidencial. El apartamiento del magistrado fue condenado por la comunidad regional y Paraguay fue suspendido del Mercosur “hasta el restablecimiento del orden constitucional”. Pérez-Liñán advierte que “en el caso paraguayo, de una manera extrema, la clase política y la opinión pública ven al juicio político como el equivalente de un voto de censura en un sistema parlamentario”. A diferencia de los sistemas presidencialistas donde el recambio de Jefe de Estado se da cada ciertos períodos preestablecidos (4 años en Argentina, 5 en Bolivia o 6 en México), los sistemas parlamentarios poseen el llamado “voto de censura”. El mecanismo fuerza la destitución del ejecutivo cuando éste pierde el respaldo político de los parlamentarios, pero sin inhabilitarlo para ejercer funciones públicas por la comisión de sus ilícitos. Adjetivos propios de la destitución de un ejecutivo en un sistema presidencialista vía juicio político.
Pérez-Liñán desmenuza las principales características de los procesos de juicio políticorepitiéndose dos fenómenos, la pérdida de apoyo al presidente de parte del legislativo y la movilización social que evidencia el hartazgo con el gobierno. Sin embargo, “en épocas de bonanza la opinión pública en general es muy tolerante con los gobernantes y la corrupción [y resulta] muy difícil atacar a un presidente en el poder”. Esto sin dudas cambia en época de “vacas flacas” donde los presidentes son muy débiles y volubles a las interrupciones de sus mandatos, “la recesión económica siempre ha desestabilizado a los presidentes históricamente”, reflexiona.
Donald Trump a juicio
Un puñado de demócratas dirigidos por Brad Sherman (California) y Al Green (Texas), presentaron en el Congreso estadounidense un pedido de juicio político contra el presidente Donald Trump. Los congresistas entienden que Trump tuvo lazos inapropiados con Rusia durante el proceso electoral y ahora presionan al Comité de Justicia del Congreso para que dé lugar al proceso solicitado. Para Pérez-Liñán, docente en Estados Unidos, “Trump puede mantenerse en el poder con el respaldo condicional del Partido Republicano que controla el Congreso”. Sin embargo, advierte, “pero si el votante republicano le quita el respaldo y el partido como consecuencia se separa del presidente, Trump podría verse eventualmente en una situación parecida a la de [Richard] Nixon”. El expresidente republicano que dimitió en la antesala del juicio político por el escándalo Watergate.
Venezuela sin juicio
La Asamblea Nacional venezolana impulsó en 2016 un juicio político al presidente Nicolás Maduro, pero el proceso tuvo más simbolismo que rigor jurídico, ya que la constitución venezolana no admite ese procedimiento en las atribuciones del legislativo. “La constitución de 1999, que buscaba fortalecer la posición política de Hugo Chávez, eliminó este mecanismo como una forma de blindar el Ejecutivo de posibles ataques”, señala Pérez-Liñán, y continua “estas constituciones lo que hacen es en el intento de proteger al Ejecutivo, cierran una vía institucional para juzgar al presidente, por lo tanto crean una potencial fuente de inestabilidad cuando el presidente se vuelve muy impopular”. El otro caso donde la carta magna no preveía el mecanismo de juicio político fue en Honduras, donde en 2009 el expresidente Manuel Zelaya fue finalmente expulsado por el Ejército en connivencia con actores civiles.
Para el influyente politólogo, la relación entre el presidente y el Congreso es clave para evitar un juicio político, esto no lo supo manejar Dilma Rousseff a diferencia de Michel Temer con mejor relación con el Parlamento brasileño. “Esto es vital para la supervivencia del presidente”, concluye el investigador.
*Analista internacional, Director de www.CEIEP.org
