Un sujeto identificado como Roberto M., quien permanecía prófugo de la Justicia desde hacía más de seis años, fue detenido en las últimas horas por personal de la Policía Federal, acusado de haber estafado en más de 80.000.000 de pesos y perjudicado a cientos de personas por medio de una mutual.
El hombre era buscado por el delito de asociación ilícita desde marzo de 2011 y fue apresado Luego de allanarse dos domicilios en la localidad entrerriana de Santa Elena.
«Trabajamos junto a las fuerzas federales y los funcionarios de la justicia para que todos aquellos que cometieron algún delito asuman sus responsabilidades y paguen ante la Justicia», aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.
Según la investigación llevada a cabo por la Policía Federal, la mutual Cayfa se creó en el centenario del Club Atlético y Filodramático de la localidad de Alicia, a 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba.
El organismo ofrecía tasas de interés superiores a las del sistema bancario y contaba con otras seis sucursales en Las Varillas, Pozo del Molle, Sacanta, Las Varas, Calchín y Luque.
Esta entidad, que en 2008 anunció que no podía devolver el dinero que habían depositado diferentes personas y empresas, tendría que haber sido controlada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que depende del Ministerio de Desarrollo Social que, en ese momento, dirigía la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.
El presidente de la mutual y principal culpable del delito, Roberto M., se encontraba prófugo desde 2011 y en abril de este año se lo incorporó al Sistema de los Más Buscados.
Como consecuencia de una exhaustiva investigación, que incluyó tareas de inteligencia criminal, escuchas telefónicas, registros fotográficos y fílmicos, bajo las órdenes del Juzgado Federal de Paraná, a cargo de Leandro Ríos, se allanaron dos domicilios que pertenecen al involucrado.
Además, se decomisaron dos teléfonos celulares y documentación de vital importancia para la causa. También intervino el Juzgado Federal de Bellville, a cargo de Sergio Pinto, quien se hizo cargo de los primeros años de la investigación.
