Los independentistas catalanes salieron nuevamente a las calles este domingo para insistir en su voluntad de abandonar España, pero el Estado les corta una tras otra las vías de organizar el referéndum de autodeterminación previsto para el 1 de octubre.
Los refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil no paran de llegar a Cataluña, y se buscan todavía las urnas para el escrutinio. Detenciones, registros, multas: el gobierno conservador de Mariano Rajoy emplea todas sus fuerzas para responder al desafío lanzado por los independentistas.
Tras reclamar en vano mayor autonomía a Madrid e intentar acordar este referéndum, el gobierno catalán, dominado por los independentistas desde 2016, decidió organizar este escrutinio saltándose la prohibición de la justicia.
El presidente catalán Carles Puigdemont y sus aliados forzaron el reglamento del parlamento regional para aprobar la ley de este referéndum unilateral, lo que agravó la división entre los independentistas y la oposición.
Según el último sondeo del instituto demoscópico regional, publicado en julio, un 49,4% de los catalanes se opone a la independencia y un 41% la desea.
«Nos van a obligar a llegar donde no queremos llegar», amenazó el jefe de gobierno conservador Mariano Rajoy antes de lanzar sus operaciones para paralizar el referéndum.
En los últimos días, la Guardia Civil incautó millones de papeletas del voto, las cartas para los ciudadanos designados para trabajar en los colegios electorales y detuvo a 14 altos cargos regionales, puestos después en libertad condicional.
Multas disuasorias -.
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Personas claves en la organización, tanto del gobierno como de la comisión electoral, renunciaron a sus cargos para evitar multas diarias de hasta 12.000 euros, impuestas por el Tribunal Constitucional para obligarlos a obedecer la suspensión del escrutinio.
El sábado, Rajoy pidió a los dirigentes independentistas que reconocieran que no habrá referéndum. Según un sondeo publicado este domingo en el diario El País, un 61% de los catalanes encuestados cree que el referéndum no tendría garantías suficientes para considerarse válido.
Pero Puigdemont no cede, y en su cuenta de Twitter sigue colgando vínculos de webs donde los ciudadanos pueden encontrar sus colegios electorales, mientras la justicia ordena sistemáticamente el bloqueo de cada una de ellas.
Y Rajoy sigue apretando las tuercas.
El fiscal jefe de Cataluña confió el sábado la coordinación de las operaciones policiales al ministerio del Interior, incluidas las de la policía regional catalana, los Mossos dEsquadra, dependientes del gobierno regional.
Esta medida sin precedente disgustó a los Mossos, celosos de su autonomía. Su jefe señaló que sus agentes seguirían las órdenes del fiscal pero que no compartía la tutela del gobierno español.
«Están apretando el acelerador para intentar que el 1 de octubre no vayamos a votar», denunció el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, acusando a Rajoy de actuar «como los dictadores».
Esta influyente asociación independentista convocó, junto a Omnium, movilizaciones este domingo en más de 500 pueblos de la región. En Barcelona, acudieron unos miles vigilados de cerca por un helicóptero de la Policía nacional que los sobrevolaba.
«Somos gente alegre y festiva, gritamos y cantamos», decía con una sonrisa Marga Millet, librera de 67 años en la manifestación.
Pero, «actúan como si fuéramos violentos. Nos están invadiendo de Policía y Guardia Civil, parece un país militarizado pero por nuestra parte no habrá violencia».
Sobre los presidentes de Omnium y ANC pesa la amenaza de una investigación por sedición, delito castigable con prisión, tras las protestas del miércoles en que miles de manifestantes bloquearon a guardias civiles en un edificio gubernamental que registraban en Barcelona.
Después del 1 de octubre -.
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Las medidas de Madrid incrementaron el disgusto de los catalanes con el poder central y sobre todo con el Partido Popular (PP) de Rajoy, a quien acusan de hacer campaña en contra de Cataluña.
Las protestas sobrepasaron el círculo independentista. Más del 70% de los catalanes piden poder decidir el futuro de la región en un referéndum, que Madrid rechaza escudándose en la Constitución de 1978.
Una vía todavía abierta para intentar resolver la crisis catalana es una comisión parlamentaria para estudiar la reforma de las competencias y la financiación de las 17 regiones de España.
Creada a iniciativa del Partido Socialista (PSOE), principal fuerza opositora, debería empezar su andadura después del 1 de octubre, e incluso el partido de Puigdemont aceptó participar.
