Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)
La comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados obtuvo este martes el quórum suficiente para dictaminar dos proyectos que necesitaron dos reuniones para no frustrarse en el último mes: la decisión fue constituirse este jueves en Esquel y permanecer allí hasta el viernes con una agenda de trabajo.
Durante la debate se dio dictamen sin apoyo del oficialismo a los proyectos que buscan la apertura de los archivos que investigan la desaparición de Jorge Julio Lopez y un resarcimiento a víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001.
Entre las actividades previstas y consensuadas previamente en esa ciudad patagónica, se acordó -pese a la negativa del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó- una reunión con Facundo Jones Huala y el nuevo juez a cargo del Habeas Corpus, Gustavo Llereal.
La titular de la comisión, Victoria Donda, programó “reuniones informativas in situ” con las partes querellantes de la causa Maldonado, representantes de comunidades originarias y además con el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala, quien se encuentra detenido.
Algunos de los legisladores del oficialismo sostuvieron en el debate de ese cuerpo, que la constitución de la comisión de Derechos Humanos en Esquel se presta para una «interpretación política y porque hay que dejar investigar al juez».
Sin embargo, desde la oposición consideraron que “la mejor forma de demostrar que esto no es una cuestión partidaria”, es que la Comisión se reuna en el lugar y dé un mensaje institucional.
Desde el bloque del Frente Renovador-Una, manifestaron que la comisión “debería haber estado antes en Esquel”, pero Donda salió al cruce explicando que no fue así porque hubo un pedido de la familia Maldonado de que no lo hicieran.
En tanto que el representante del Movimiento Evita en la comisión de Derechos Humanos y Garantías opinó que “la no concurrencia es una postura política”.
A pesar de que parecía que en el oficialismo la posición era homogénea hubo quienes consideraron que «había» que «ir porque no perdemos nada», por oposición a otros que entendían que la presencia de los legisladores «haría más ruido y generaría más confusión en una causa que requiere justamente todo lo contrario”.
Respecto de las imputaciones formuladas a Facundo Moyano de que la ausencia de diputados en las reuniones anteriores impidió el quorum necesario para funcionar, el gremialista señaló que fue por una “decisión política” de no acompañar el proyecto sobre Julio López.
Por estas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclama por la persecución a los mapuches y que el Estado nacional responda a una ampliación de la denuncia en ese organismo por “vejámenes y humillaciones” a los que fueron sometidos miembros de la comunidad testigos en la causa por la desaparición del joven artesano.
Las denuncias están asociadas a violaciones a los derechos humanos a miembros de esa comunidad mapuche cometidas durante los procedimientos judiciales en el marco de la causa por la desaparición de Santiago.
“Vamos a requerir que se le advierta al Estado Argentino que está incumpliendo palmariamente con la medida cautelar dictada por la CIDH el 23 de agosto y con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos”, sostuvieron desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los hechos, indican que algunos miembros de la comunidad mapuche, estuvieron más de doce horas con las manos precintadas y tirados en el piso, en medio de un operativo de 400 efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales.
Myriam Bregman autora del proyecto que busca indagar a los servicios de inteligencia sobre el paradero de Julio López.
