Por David Narciso

Periodistas de diferentes medios de comunicación de alcance nacional y regional adherimos a una solicitada publicada el domingo pasado en los diarios Pagina 12 y Perfil titulada “La información no puede ser silenciada”, donde se manifiesta “profunda preocupación” por el hecho de que “diversos medios de comunicación han dado cuenta de la decisión del gobierno nacional de llevar a cabo acciones de represalia por la información publicada por el periodista Horacio Verbitsky en Página 12 referida al blanqueo de capitales efectuado por allegados y familiares del presidente Mauricio Macri”. Remata: “Dichas informaciones, que citan fuentes oficiales, no fueron desmentidas”. Esa nota se puede leer aquí: https://radiocut.fm/audiocut/maria-odonnell-por-que-firme-la-solicitada-la-informacion-no-puede-ser-silenciada/#f=radio&l=related

La solicitada disparó un debate interesante a partir de que el periodista Pablo Sirvén rechazó firmarla, argumentó que “un off atribuido al presidente de la Nación” no implica una persecución, que se “sentiría a disgusto firmando junto a colegas que miraron para otro lado antes del 10 de diciembre de 2015 cuando otros medios y periodistas fueron gravemente difamados y hostigados, incluso desde la TV pública y cadenas nacionales, simplemente por criticar o investigar al gobierno anterior”. Cuestionó por Twitter al periodista de TN Nelson Castro: “Curiosidad: Pq @nelsonalcastro firmaste esto? Verbitsky no opina lo q quiere? No hay q investigar a Santa Maria? Afip puede dar cualquier dato?”.

La periodista María O’Donnell, otra de las firmantes, le respondió, también por Twitter: “Esto que dice @psirven ocurrió efectivamente, pero creí que valía la pena saltar eso por alto para mostrar que no todo es personal”. Y justificó su adhesión con una editorial en su programa en Radio con Vos: https://www.pagina12.com.ar/59215-gianfrancamente-hablando.

La revelación de que el hermano presidencial y un círculo de familiares de funcionarios, amigos y empresarios-socios utilizaron la ley de exteriorización de activos no declarados que propició el gobierno en 2016 para blanquear 132 millones de dólares pegó en el corazón del gobierno, revelando la contradicción entre el decir y el discurso, y la coherencia con el uso del Estado para beneficio propio que históricamente hicieron “Los Dueños de la Argentina”.

El proyecto de ley de blanqueo que envió en su momento el gobierno penaba la publicación de información. Se argumentó que era para garantizar confidencialidad, secreto fiscal y dar tranquilidad a los potenciales blanqueadores. La oposición dejó en pie la sanción para quien filtrase esa información que es secreto fiscal, pero quitó sanciones a la prensa en caso de que si accede a esa información la publique si es de interés público. Fue lo que ocurrió con el artículo de Página 12.

También se impusieron restricciones a funcionarios y sus familiares, pero una vez aprobada la ley el gobierno hizo modificaciones por decreto, permitiendo por ejemplo que algunos de los familiares de ministros y secretarios blanquearan.

Luz amarilla

Desde antes de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia se suceden situaciones que bordean con lo ilegítimo e ilegal, se recurre a operaciones de descalificación pública y otras veces esas ofensivas de funcionarios o medios afines al gobierno son coincidentes con decisiones de un sector del Poder Judicial. Todas esas acciones van al mismo punto: buscan destituir funcionarios con mandato constitucional, demoler adversarios, encarcelarlos, o mejorar las chances de los candidatos del oficialismo. Esa suma de situaciones ya merece una luz amarilla de parte de periodistas. Aquí algunas de esas situaciones:

Los casos

La convocatoria del juez Bonadío a Cristina Fernández, Héctor Timmerman y otros a indagatoria por el memorándum con Irán, todo debidamente programado en función del cronograma electoral y muy funcional a las necesidades del gobierno. Más aún, se trata de una causa que ya había sido desestimada y que el gobierno nacional logró reabrir, fuerte lobby israelí de por medio. El memorándum fue votado por el Congreso y en todo caso nunca se aplicó, ni hizo caer las alertas rojas contra los iraníes, ni tuvo consecuencias. Claramente no hubo delito, como sentenció el juez Rafecas en su momento. .La presión para echar del Congreso a Julio De Vido por “inhabilidad moral” y sin que medie pedido judicial. Cuando fracasó el intento, apareció un fallo de cámara que revocó una decisión de primera instancia y ordenó detenerlo y exigir su desafuero. El proceder judicial es contrario al que se aplicó con Carlos Menem que sigue en libertad y acaba de ser habilitado como candidato. Una posibilidad que se entrevé es que el apuro no esté relacionado sólo al momento electoral, sino a usar ese nuevo criterio con respecto a la prisión preventiva para impedir que la ex presidenta asuma como senadora el 10 de diciembre, ya que será indagada el martes 24. Bonadío, el inefable juez de la servilleta de Cavallo y tantos otros antecedentes, podría resolver procesarla de nuevo y dejar el escenario construido para que el gobierno le impida jurar.

.Presión pública sobre jueces que han fallado en sentido contrario a los deseos del gobierno, como el mismo Rafecas.

.La aceleración de causas judiciales contra dirigentes sindicales. Sin duda en el caso de Caballo Suárez o el Pata Medina indefendibles y bien procesados. Sin embargo no deja de ser llamativa la coincidencia de esas detenciones con la ofensiva discursiva del gobierno sobre la generalidad que denomina “mafias sindicales. La verba encendida contra sindicalistas corruptos es selectiva en boca de funcionarios. Nada se dice sobre sobre otros caciques gremiales, tan millonarios y cuestionados como los mencionados, pero célebres por su dialoguismo. ¿Se trata de una cruzada épica contra dirigentes sindicales corruptos o del uso de resortes judiciales para disciplinar?

.Uno de los “malos y corruptos” bajo investigación es Víctor Santamaría, secretario general del sindicato de los porteros de edificios. Como tal es titular del Grupo Editorial Octubre, propietario entre otros medios de Página 12, el medio que reveló que el entorno del presidente y de sus principales funcionarios habían blanqueado 132 millones de dólares. A Santamaría no lo investiga la Justicia, sino la Unidad de Investigación Fiscal (UIF) que depende del Poder Ejecutivo.

.El llamativo coro de medios y voceros que protagonizan varios 678, sólo que bajo otros formatos, muchas veces disfrazados de periodismo independiente.

.El abanico de operaciones políticas y mediáticas desplegadas desde el primer día en el caso Maldonado.

.Las presiones sobre la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que Mauricio Macri inició en las horas siguientes a ser electo. La procuradora fue designada con aval del Congreso y su cargo, al igual que el de los jueces, no tiene plazo de finalización salvo renuncia, muerte o destitución por juicio político. Es la jefa de todos los fiscales federales, cabeza del organismo sobre el que la Constitución hace descansar la persecución penal. Es un extrapoder autónomo, porque no está bajo la órbita de ninguno de los tres poderes de la república. Al mismo tiempo que el gobierno condea a Nicolás Maduro por la expulsión ilegal de la procuradora general de Venezuela, intenta lo propio con su par argentina, con el argumento de que es “una militante” de Justicia Legítima (con ese argumento habría que proceder a la destitución de decenas de jueces, fiscales y funcionarios judiciales). Tras dos años de infructuosas presiones para que renuncie y sin número en el Congreso para destituirla, apareció una causa judicial y su correspondiente procesamiento. No son los nombres, sino los métodos.

Hay que olvidarse de los personajes involucrados. Olvidarse de Cristina, de De Vido, de los dirigentes sindicales, de Gils Carbó, de los Rafecas. No es un problema de nombres propios, de defenderlos a ellos. Empieza a hacer ruido un gobierno que recurre a los mismos métodos y procedimientos que le cuestionaba a sus antecesores, muchas veces con razón, en nombre de la República.

Por eso es pertinente la profunda preocupación que manifiesta la solicitada “La información no puede silenciarse”. Enciende una luz amarilla ante un gobierno que busca anular opositores, avanzar sobre poderes autónomos e independientes y disciplina medios, ya sea por pauta publicitaria (el método más común al que recurren los gobiernos) o con veladas advertencias de represalias como en este caso. Si a eso se suma la sospechosa confluencia de blancos y tiempos oficiales con los pasos que da el Poder Judicial, está más que justificado tomar precauciones.

El gobierno que instaló la necesidad de salvar la república, logró convencer a una primera minoría del país de que venía a cambiar métodos y emprender una cruzada ética, “normalizadora” y desterrar mafias, pero aparecieron indicios que ponen en entredicho esa intención. Quizás no era la república, sino sólo el poder.