Los trabajadores de los casinos de la provincia de Buenos Aires iniciaron hoy un paro de 24 horas tras conocerse el cierre de tres salas de juego en ciudades costeras, algo que el titular del Sindicato de Maestranza de Casinos, Roberto Páez, interpretó como la intención del gobierno bonaerense de «avanzar en un proceso de privatización».
Empero, fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires descartaron de plano que los casinos vayan a privatizarse: «En ningún momento, desde el Instituto de Lotería se realizó alguna acción tendiente a privatizar el juego en la Provincia de Buenos Aires».
«Creemos que están decididos a iniciar un proceso de privatización», aseveró esta mañana el secretario general del sindicato de trabajadores de casinos en la provincia de Buenos Aires, Roberto Páez.
El gremio inició a las 6 de hoy un cese de actividades en todas las casas de juego de la provincia de Buenos Aires, en rechazo a las medidas anunciadas por la gobernadora, que incluyen el cierre de tres casinos y de un bingo, así como el llamado a licitación para la concesión de la explotación de unos 3.900 tragamonedas y máquinas electrónicas de juego.
En ese sentido, el dirigente sindical afirmó: «El titular del Instituto de Lotería y Casinos (Matías Lanusse) dijo a un canal de televisión que la idea es dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución provincial, donde se prohíbe la privatización de los casinos».
«Dijo que se puede dejar sin efecto mediante un mecanismo legislativo. Creemos que están decididos a iniciar un proceso de privatización», continuó Páez y apuntó que «los trabajadores entendemos que ello no es necesario y que es el Estado el que debe manejar el juego».
Además, entendió que «se quiere beneficiar a los bingos por sobre los casinos porque tanto en Mar de Ajó como en Necochea hay salas que continúan abiertas, cuando la gobernadora dijo que cerraba las salas de casino para ayudar a los ludópatas», expresó Páez en declaraciones formuladas esta mañana a Télam Radio.
Las fuentes del gobierno de la provincia ratificaron a Télam que las acciones llevadas a cabo tienen como único objetivo «desalentar la oferta de juego» en el territorio provincial, y tener en circulación una licitación por la administración de las máquinas tragamonedas en la salas de casinos.
Dicen que esa licitación permitirá, luego de más de 20 años de regirse por contrataciones directas, un «proceso formal y transparente» para la elección de los adjudicatarios futuros, «como debería haber sido desde siempre».
La Provincia sostiene que las licencias de los bingos fueron adjudicadas por el gobierno de Daniel Scioli, hasta 2021; y que la única que venció durante la gestión actual fue la del bingo de Temperley, y por eso se decidió cerrarlo.
Los bingos de Mar de Ajó y Necochea, donde se cerraron los casinos, tienen licencia hasta 2021 y 2029 respectivamente.
Según el gremio, el paro iniciado hoy a las 6 «tuvo una adhesión total» y fue una «respuesta a los anuncios que hizo la gobernadora» la semana pasada.
«Hay falta de claridad con respecto al futuro de los compañeros que trabajan en esos casinos: hasta ahora sólo hablamos con funcionarios de segunda o tercera línea que únicamente nos dicen que está garantizada la fuente laboral», contó Páez en la entrevista.
En este sentido, planteó que «hay compañeros que serán trasladados desde Mar de Ajó al casino de Pinamar, y son 60 kilómetros», y sostuvo que, «en el caso de Necochea, deberán trasladarse al de Miramar, que está a 70 kilómetros», con lo cual pretenden saber «cómo será el futuro laboral».
Sobre las fuentes laborales, los voceros del gobierno bonaerense dijeron que desde hace semanas se viene conversando, no solo con los trabajadores de las salas de Necochea, Valeria del Mar y Mar de Ajó, sino también con delegados gremiales que representan a los mismos, «transmitiendo tranquilidad sobre los empleos, los cuáles nunca se vieron comprometidos».
El Instituto cuenta con más de 2800 empleados, de los cuáles serán trasladados unos 80 y por esa razón cobrarán desarraigo.
Actualmente ya son más de 600 los empleados de casinos que se trasladan todos los años y cobran el desarraigo.
