La organización Amnistía Internacional entregó más de 135.000 firmas a la Procuraduría General de la República de México para exigir la liberación de Verónica Razo, quien lleva seis años presa por secuestro tras un proceso de detención en el que sufrió torturas y abusos sexuales.

Los hechos que generan una nueva presión en materia de derechos humanos para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se remontan a 2011, cuando Razo fue detenida por cuatro hombres vestidos de civil que la trasladaron a un almacén de la Policía Federal donde fue golpeada, asfixiada y violada para que firmara una confesión que la inculpaba de un delito de secuestro.

En ese entonces, gobernaba el país Felipe Calderón. «Venimos a denunciar las violaciones de derechos humanos que cometió el Estado mexicano en el caso de Verónica. A día de hoy la Procuraduría General no tiene elementos probatorios que demuestren que es responsable del delito del que se la acusa», explicó anoche en rueda de prensa Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Las 135.963 firmas exigiendo la libertad de Verónica fueron recogidas en México, Italia, Chile, Canadá, Paraguay, Venezuela, Alemania, Argentina, Francia, España, Corea del Sur, Puerto Rico, Perú, Brasil, Noruega y Estados Unidos.

Ante la Fiscalía se apersonaron representantes de todos estos países, así como del Secretariado internacional de Amnistía, quienes exigieron el desestimiento de la acción penal contra Razo.

Amnistia Internacional sostiene que hubo una serie de irregularidades en la detención de Razo, puesto que la Policía Federal registró su arresto cuando llevaba ya retenida 24 horas, tiempo durante el cual fue torturada. «La acusación se basa en una confesión que Verónica hizo tras haber sido torturada durante 24 horas», añadió Reneaum.

Asimismo, según el informe policial, Razo fue arrestada en una gasolinera de Ciudad de México, pero los empleados de la estación negaron que tal operativo policial hubiese tenido lugar. Razo pasó dos rondas de reconocimiento, una presencial y otra de voz, en la que fue la única mujer entre los sospechosos del delito de secuestro que se le imputa, denunció Amnistía Internacional.

Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como peritos de la misma Fiscalía confirmaron las pruebas que demostraban que Razo había sido sometida a torturas y, de hecho, la Procuraduría llegó a presentar una acción penal contra un policía por este delito, aunque mantiene la acusación contra Razo.

La madre de la detenida, Austreberta Casales, estuvo durante la entrega de las firmas, donde confirmó que lleva seis años visitando a su hija cada 15 días y exigió que se haga justicia.

En febrero pasado, Amnistía Internacional presentó un conjunto de firmas ante la Secretaría de Gobernación, que incluyó el caso de Razo en el mecanismo se seguimiento de violencia contra las mujeres.