El Ayuntamiento de Barcelona aprobó hoy una moción que pide el traslado de los secesionistas encarcelados en Madrid a cárceles en territorio catalán, porque su alejamiento supone un «castigo social» que atenta contra los derechos humanos.

El texto menciona a los cargos electos Oriol Junqueras y Jordi Sánchez, al presidente de la asociación secesionista Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, y al ex responsable de Interior de Cataluña, Joaquim Forn.

El alejamiento penitenciario supone «un castigo social que vulnera los derechos reconocidos en el Derecho Internacional y atenta contra los derechos humanos», subraya la resolución publicada.

Por ese motivo, se exige que «mientras no se produzca la excarcelación» de los dirigentes, «y por razones de humanidad, se proceda inmediatamente al traslado» de los cuatro presos en recintos penitenciarios catalanes.

Asimismo, la resolución remarca que «la aplicación de una medida cautelar como la prisión preventiva dificulta la normalización de la situación política en Cataluña».

La declaración fue firmada por el gobierno municipal, liderado por la alcaldesa de izquierda Ada Colau, y los grupos municipales independentistas, así como un concejal no adscrito.

Por otro lado, los firmantes expresan su solidaridad con los familiares de los presos y se ofrece a atenderlos con apoyo emocional y psicológico.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Barcelona informó que está trabajando con entidades defensoras de los derechos humanos y actores del tejido asociativo y jurídico de la ciudad y de Cataluña en una recepción a los familiares de las personas encarceladas.

La recepción, que está presidida por Colau y por el teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, quiere ser «un espacio de diálogo y acompañamiento a las familias ante el que supone la dispersión penitenciaria».

Forn y Junqueras están en prisión desde el 2 de noviembre pasado, acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación en relación con el frustrado proceso de secesión de Cataluña del año pasado, mientras Cuixart y Sánchez fueron encarcelados el 16 de octubre del pasado año.

Los cuatro presentaron recursos reclamando su excarcelación, alegando, entre otras cuestiones, que los hechos por los cuales están siendo investigados no constituyen delito, pero la Justicia los rechazó.

Tanto Junqueras como Sánchez recurrieron a la ONU para denunciar que su prisión es arbitraria y se debe a razones políticas.

Por su parte, Junqueras, ex vicepresidente y líder de ERC, presentó hoy un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional contra su encarcelamiento, en el que argumenta que se están vulnerando sus derechos fundamentales, como la «libertad ideológica, la presunción de inocencia y el acceso a un proceso con todas las garantías».

En el recurso, sostiene que la declaración de independencia unilateral del 27 de octubre no tiene valor jurídico sino político, y que el Tribunal Supremo español no es competente para investigar unos hechos que se produjeron en Cataluña.