La Fiscalía de Colombia pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia investigar a ocho congresistas por favorecer presuntamente a la constructora brasileña Odebrecht en un contrato de inversión.
Se trata de los senadores opositores Antonio Guerra de la Espriella, del partido Cambio Radical; Álvaro Ashton, del partido Liberal; y Alfredo «Ape» Cuello, del partido Conservador.
Del oficialista Partido de la U están involucrados los legisladores Armando Benedetti, Musa Besaile, Sandra Villadiego y Bernardo Miguel Elías Vidal, así como Martín Morales, quien fue suspendido de esa agrupación.
«La modalidad de corrupción detectada consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas, mediante comisiones de éxito, para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht», señaló la Fiscalía en un comunicado.
La vicefiscal María Paulina Riveros dijo que se recabaron elementos probatorios según los cuales los directivos de Odebrecht en el país, con la ayuda del detenido ex senador Otto Bula, lograron el apoyo de varios congresistas para que la sociedad concesionaria Ruta del Sol, de la que formaba parte la brasileña, obtuviera un contrato de estabilidad jurídica a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
El documento garantizaba que no se cambiaran las condiciones de los impuestos para la concesionaria mientras se discutía en el país la reforma tributaria, informó la agencia de noticias EFE.
Odebrecht habría pagado 50.000 millones de pesos (16,5 millones de dólares) para la adición del contrato Ocaña-Gamarra, sostuvo la Fiscalía.
Desde diciembre de 2016, cuando estalló el escándalo de los sobornos de constructora brasileña en Colombia, la Fiscalía vinculó a 41 personas en las investigaciones, de las cuales 26 tienen imputación de cargos.
También hay dos condenados, los empresarios Enrique y Eduardo Ghisays Manzur, y dos más están pendientes por recibir sentencia.
La Fiscalía asegura que las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (28,35 millones de dólares) y no 11,1 millones de dólares (21.550 millones de pesos de la época), como indicó el Departamento de Justicia de EE.UU. en diciembre del año pasado.
