Con la oposición con viento a favor por primera vez en muchos años, los comicios, en los que se elegirán 600 diputados del Parlamento y, en boleta separada, al presidente del país, marcarán el estreno de la forma de gobierno presidencialista impulsada por el mandatario y aprobada en un polémico y ajustado referéndum el año pasado,
El nuevo sistema, surgido de una reforma constitucional sancionada en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, elimina la figura del primer ministro y concentra todo el poder en manos del presidente, que pasará a no sólo Jefe de Estado sino también Jefe de Gobierno.
Con este panorama, Erdogan, al frente del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), prometió fundar una «nueva Turquía».
Para ello deberá el superar el 50% de los votos en primera vuelta, algo que no está muy alejado de las previsiones aunque nadie se atreve a asegurarlo.
Según los sondeos, el AKP, que se presenta en coalición con el derechista Movimiento de Acción Nacionalista (MHP) superará el 40% pero no alcanzará la mayoría absoluta requerida para evitar la segunda vuelta del 8 de julio.
En ese escenario, Erdogan deberá enfrentarse con su rival inmediato, previsiblemente Muharrem Ince, candidato del Partido Republicano del Pueblo (CHP), al que los sondeos otorgan entre el 20 y el 30 % de los votos.
Toda la oposición ha prometido deshacer los cambios constitucionales realizados por Erdogan, de 64 años.
El presidente, quien se propone hacer realidad su sueño de convertir a Turquía en una «potencia económica mundial», piadosa, basada en la identidad islámica y guía del mundo musulmán, una ruptura profunda con los ideales laicos de Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, en 1923, tras la desintegración del Imperio Otomano.
La ex ministra del Interior Meral Aksener, líder del Partido IYI, una escisión del MHP, está tercera en las encuestas con entre el 10 y el 20% de los votos.
Más allá del tercer lugar, la aparición de Aksener en el escenario electoral es importante porque revolucionó el panorama debido a que se prevé que le arrebate votos a la alianza gobernante del AKP-MHP.
De hecho, analistas políticos señalan que su candidatura fue uno de los motivos por los que Erdogan adelantó las elecciones, inicialmente previstas para noviembre de 2019.
El adelanto, con la campaña en medio del mes sagrado islámico de Ramadán, podría deberse también al temor a que la situación económica empeorase hasta la fecha original de los comicios.
Pero la dramática caída de la lira en los últimos meses y la elevada inflación hicieron que la economía cobrase importancia para la mayor parte de los votantes.
Erdogan apenas ofrece soluciones, más allá de llamar a la población a cambiar por liras las divisas ahorradas. En lugar de ofrecer un plan, promete nuevos estadios, parques y cafés populares en los que se servirá café, té y pasteles gratis.
Si bien Ince y Aksender presentan candidaturas separadas, sus partidos lo harán en coalición junto a la formación islamista Saadet, por lo que se prevé que obtengan el mismo porcentaje que la alianza formada por el AKP y MHP.
Por otro lado, está el izquierdista Partido Democrático de los Pueblos (HDP), cuyo candidato presidencial, Selahattin Demirtas, hace campaña desde la cárcel a la que fue enviado provisionalmente en noviembre de 2016 acusado de presuntos vínculos con la guerrilla kurda del PKK.
El HDP espera conseguir un 10% de los votos y su líder ya anticipó que en una eventual segunda vuelta apoyará al candidato que se enfrente a Erdogan, por lo que una derrota del actual mandatario es posible en segunda vuelta.
Si Erdogan logra imponerse es probable que deba enfrentarse a un Parlamento dominado por la oposición, algo que podría dificultar su gobierno aunque no bloquearlo ya que la reforma constitucional limita el influjo que el Poder Legislativo pueda tener sobre el Ejecutivo.
Las elecciones se dan con un trasfondo de una posible crisis económica, con una fuerte depreciación de la moneda local y una importante suba de la inflación.
Además, desde hace casi dos años, el gobierno ha venido prorrogando un estado de emergencia decretado en respuesta al intento fallido de golpe de Estado de julio de 2016.
Además de permitir a Erdogan gobernar por decreto, el estado de excepción dio inicio a una purga en las instituciones gubernamentales y educativas así como también en el sistema judicial y en la policía y dejó a decenas de miles de personas desempleadas o en prisión.
La mayor parte de los medios de comunicación están directa o indirectamente bajo control gubernamental. Periodistas y opositores fueron enviados a prisión por cuestionables acusaciones de periodismo.
