Por Alejandro Maidana
En Escalada, una pequeña población ubicada a 130 km al norte de Santa Fe, se fumigó de manera muy cercana a la población durante años y, a pesar de los reiterados reclamos de los vecinos afectados, éstas nunca se detuvieron.
Una verdadera constante, una práctica deleznable que genera tanto hartazgo como indefensión a la hora de perseguir una salida concreta. El negocio agrario no puede pisotear a su antojo la salud de aquellos que se aferran a los derechos humanos como única herramienta de sobrevivencia.
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El 8 de enero de este año, falleció el vecino Don Diógenes Chapelet, un señor mayor de edad que había manifestado en varias ocasiones los daños que le producían las aspersiones de agrotóxicos utilizados cerca de su vivienda. Desde ese momento, y por pedido de su padre, los hijos de don Diógenes iniciaron una estoica lucha que logró una ordenanza que prohíbe todo tipo de fumigaciones a menos de 500 mts del ejido urbano y caseríos, pero esto lejos está de acatarse.
“Hemos tenido que soportar dos fumigadas ilegales en los últimos días, le pedimos al señor presidente comunal José Clemente Faletto que se debe terminar con la hipocresía, la ordenanza está para cumplirse”, sostuvo Sergio Chapelet quién accedió a dialogar con Conclusión para visibilizar la problemática.
Un apellido conocido que trae un doloroso recuerdo, “Daniel Ruzzi es el hermano de quién ya está involucrado en una causa por la muerte de mi padre. Sin permiso municipal, y no presentando absolutamente nada ingresó al campo y fumigó. Allí mismo radicamos la denuncia, la comuna le emite una multa de 1.500 litros de Gasoil, pero a los pocos días este señor cae a la comuna con un abogado y un escribano. Sinceramente no sé lo que habrá alegada, lo concreto es que no ha pagado la multa, esto denota la poca predisposición del poder político local en hacer cumplir la ordenanza”, enfatizó.
A no más de 200 y 300 metros de las casas de los vecinos, una nueva amenaza, la segunda en diferencia de días. “Jorge Stella de la localidad de Ramayón, infringió la ordenanza con total impunidad, esparciendo veneno dentro del área protegida con total impunidad. Están ganando los intereses económicos, estos se imponen ante nuestro derecho vital, la salud. Por eso es menester agregar que esto sucede gracias a que no existe voluntad política para cambiar esta realidad desesperante”, concluyó Sergio Chapelet.
Las cartas están echadas, parecería que la suerte de los vecinos de Marcelino Escalada también. Los agronegocios siguen imponiendo su lobby para seguir manejando los destinos de un pueblo a placer, cuán titiritero de la muerte. La responsabilidad absoluta recae sobre los hombros de la Comuna del lugar, sin embargo, exaspera su posición amiga de la ambigüedad. Como diría el gran científico Andrés Carrasco, «estamos hablando de salud humana».
