El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Sutcapra), de Santa Fe, conocido como «sindicato de patovicas», reclamó hoy la regulación de la actividad luego de que un empleado de seguridad de un boliche “La Tienda” de Rosario fuera imputado por el homicidio de Gerardo Gabriel Escobar que estuvo una semana desaparecido y fue encontrado muerto en el río Paraná.
“En Rosario no se hace nada, se hace un curso de RCP (reanimación cardiopulmonar) en Defensa Civil y te dan una credencial”, dijo a Télam el titular del Sutcapra, Juan Quinteros, respecto de los requisitos para habilitar la actividad de los patovicas.
El dirigente contó que hay entre 3.000 y 3.500 controladores en la provincia de Santa Fe, de los cuales unos 1.500 prestan sus servicios en Rosario, sin mayores controles.
La actividad del personal de admisión y permanencia quedó bajo la lupa luego de que ayer la fiscal rosarina Marisol Fabrro imputara por como autor de homicidio al patovica del boliche La Tienda y por encubrimiento a otros dos empleados de seguridad y a dos policías que realizaban tareas adicionales en el lugar.
Según la grabación de una cámara de seguridad, el patovica imputado pisó la mano del joven para golpearlo con sus puños y una rodilla y luego lo arrastró hasta quedar fuera del equipo de video vigilancia.
Quinteros explicó hoy que existe una ley nacional, la 26.370, que regula la actividad del personal de control de espectáculos públicos, a la cual la Legislatura de Santa Fe adhirió en 2011.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo santafesino recién reglamentó la norma a fines de julio último, luego de que un joven de 19 años, Ismael Alario, denunciara que fue salvajemente golpeado por cinco custodios de un boliche de la ciudad de Santa Fe.
Por ese caso, el municipio santafesino informó que sólo 55 patovicas habían cumplido con los requisitos establecidos para desarrollar la actividad, mientras que otros 24 no habían logrado atravesarlos.
Sergio Alarcón, secretario gremial del sindicato, dijo por su parte que “le venimos pidiendo desde 2010 a la Municipalidad de Rosario que se arme el registro para que no ocurran estos hechos”, como el de Gerardo Escobar.
“Habría que hacer todo acorde con la reglamentación”, completó Quintero, quien enumeró que la ley nacional establece la realización de cursos de derechos humanos, examen psicofísico y capacitación del personal de control y admisión.
En el caso del boliche de Rosario, el defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, denunció que uno de los patovicas “era un policía que estaba con carpeta psiquiátrica, y hay otro policía que estaba cumpliendo funciones ahí”.
Según explicó, la ley nacional establece entre las incompatibilidades para cumplir la función de controlador “encontrarse revistando como personal en actividad de fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia”.
