Por Nabih Yussef*
Siete de la tarde, recibo un mensaje de WhatsApp. Se trata de un típico video enviado en uno de los tantos grupos de WhatsApp que tenemos con amigos, compañeros de trabajo o la familia. La imagen de inicio del clip no me ofrece mucha información sobre lo que voy a ver. Al accionar el archivo, se pone en movimiento una escena realmente perturbadora. Dos hombres abren el tórax de otro que yace en el suelo, vivo y agonizando. Entre amenazas y gritos, distingo con claridad el acento mexicano de uno de los agresores. El video viralizado es parte de un retorcido consumo de la violencia en México, que con el correr del tiempo se muestra igual de “natural” que los asesinatos hollywoodenses del Ejército Islámico en la guerra de Siria.
Decapitaciones, cadáveres en fosas comunes y desapariciones de personas como los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se han vuelto trágicamente cotidianos entre las noticias que nos llegan de México. Detrás de cada escena de terror se encuentran los cárteles de la droga y un negocio millonario.
Según la Procuradora General de la República, Marisela Morales, hasta el año 2012 se registraban unos 2.888 soldados, policías y agentes asesinados directamente por los cárteles de la droga.
La guerra narco se da principalmente por los territorios estratégicos para la producción y comercialización de la cocaína. Según un informe de la ONU, al menos un 60% de los municipios mexicanos se encuentran “feudalizados” por algún cártel criminal, dejando a México en el sexto lugar entre los países con mayor delincuencia organizada del mundo.
El tráfico de influencias tiene a los Estados Unidos como principal comprador, sin embargo, son 43 los países que poseen directa o indirectamente negocios con las bandas criminales mexicanas (incluyendo Argentina). Sólo en el mercado interno estadounidense, el 95% de la droga que se consume es transportada desde México, según datos del Departamento de Estado norteamericano.
La actual escalada de violencia se produce por la progresiva diversificación de las utilidades criminales, donde la cocaína pasó a formar parte de un vasto portfolio de beneficios delictivos, entre los que se encuentran los secuestros extorsivos, el tráfico de inmigrantes hacia los Estados Unidos, el manejo de la prostitución en las grandes metrópolis, la financiación de los partidos políticos, el juego clandestino y la falsificación de documentos. Un volumen de negocios que hace imposible calcular -a ciencia cierta- los niveles de ingresos de los principales cárteles. No obstante, para el periodista Jean-François Boyer, es en el terreno de los derechos humanos “donde el balance gubernamental es juzgado más severamente”. Para el investigador, las fuerzas armadas y la policía federal cometen reiterados excesos producto del débil poder que ejerce el Ejecutivo mexicano sobre sus instituciones punitivas1. Boyer subraya casos impunes como los asesinatos de civiles por no detenerse a tiempo en cordones ubicados por el Ejército.
Por otro lado, algunos analistas abren el debate sobre una eventual alianza con los Estados Unidos, en una suerte de “plan Colombia a la mexicana” para poder frenar el avance territorial y político de las organizaciones criminales.
Una cuestión de armas
El presidente estadounidense Donald Trump tiene en claro que debe cerrar la frontera de México para evitar el ingreso de más inmigrantes no deseados que -a juicio del mandatario- “están trayendo drogas y crimen a nuestras comunidades más vulnerables”. Sin embargo, existe un tráfico entre Estados Unidos y México que no parece ser tenido en cuenta por la administración republicana. Se trata del contrabando de armas desde los Estados Unidos hacia México, donde parecería revertirse la actual lógica de la “exportación de la violencia”.
El 70% de las armas involucradas en delitos en México, tienen origen en los comercios legales establecidos al otro lado de la frontera, según Chelsea Parsons, vicepresidenta de armas y política criminal del Center for American Progress2. Según un informe publicado por este think tank, de 2014 a 2016 se recuperaron 50 mil armas originalmente compradas en Estados Unidos y confiscadas en investigaciones criminales en el país azteca.
La laxitud de la legislación estadounidense en materia de comercio de armas está llevando a México a su ruina. Es que a diferencia de lo que ocurre en México, en el gigante del norte, una persona puede comprar un arma a un vendedor privado sin una verificación exhaustiva de sus antecedentes, al tiempo que existen “pocos límites para amasar una reserva de estas armas altamente peligrosas”, describe Parsons3.
.. Por el contrario, según la ley federal de EE. UU., una persona puede comprar un arma a un vendedor privado sin una verificación de antecedentes. Y desde la expiración de la prohibición federal de armas de asalto en 2004, existen pocos límites para amasar una reserva de estas armas altamente peligrosas, excepto en los siete estados que las han prohibido.
La corrupción es garante del contrabando de armas entre los Estados Unidos y México. Según datos de la mencionada Procuraduría General de México, desde 2016 a 2017 tan solo ocho personas han sido sujetas a algún proceso penal por introducir armas de manera ilegal al país. En un México donde cada 20 minutos es asesinada una persona, que tan solo una minúscula parte del contrabando de armas haya sido puesta en jaque, habla a las claras que lejos de ir hacia soluciones asertivas para el problema de la violencia, tendremos que ir acostumbrándonos con un poco más de “naturalidad” a las noticias que nos llegan desde nuestro socio latinoamericano.
*Licenciado en Relaciones Internacionales y Director del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos www.CEIEP.org
1 Boyer, Jean-François (2015). “México en guerra”, El Explorador, Le Monde Diplomatique.
2 Parsons, Chelsea (2018). “American guns are killing our neighbors in Canada and Mexico”, Los Angeles Times, Estados Unidos.
3 Ibídem.
