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Contexto y trastienda del proceso que llevó a la caída de Los Monos

Cómo fueron los pasos y el entorno político y social que empujó a cerrar el cerco sobre la banda de la zona sur de Rosario.

David Narciso

La Justicia santafesina y el poder político viven sus momentos de gloria con el juicio que terminó en condena a la banda de Los Monos. Los “malos” a la sombra por muchos años, un juicio impecable, los ojos de los medios porteños puestos sobre el caso, esta vez para una noticia positiva. En definitiva una historia de “final feliz”. Para llegar hasta allí se transitó un camino plagado de incertidumbres, temores, prueba y error, correcciones y operaciones políticas.

-La caída de Los Monos empieza cuando la ola de sangre y la explosión del narcotráfico que alimentó superó los límites de la tolerancia social. Como señalan Hernán Lascano y Germán de los Santos en el libro Los Monos se volvió una amenaza para la estabilidad del poder político y judicial de la provincia, hasta entonces incapaces de desarticular la banda.

-Se llegó a un juicio condenatorio porque apareció voluntad política y compromiso de un sector del Poder Judicial que en los 20 años anteriores había flaqueado. Cabe aclarar que el avance sobre ese núcleo delictivo fue la reacción a un descontento social creciente, empujado por estadísticas de crímenes en ascenso, asesinatos a sangre fría con inusual violencia, a plena luz del día y sin discriminar zonas urbanas. La sangre ya manchaba veredas de la coqueta Pellegrini y el centro. No era sólo Los Monos, sino una ciudad inundada de droga gracias a una red de búnkers en torno de los cuales el tejido social se degradaba a pasos agigantados, expulsaba al Estado y enloquecía con su torbellino diario de violencia y delitos menores como robos y arrebatos.

-Cabe recordar que Los Monos comenzaron a ser cercados en un contexto durísimo para als autoridades políticas y judiciales de Santa Fe. Cayó detenido el jefe de Policía por connivencia con narcotráfico, atentaron contra la casa del gobernador, amenazaron a ministros y otros funcionarios, el gobierno, las fuerzas de Seguridad y la Justicia federal cuando no pateaban en contra brillaban por su ausencia, era imposible confiar en la Policía santafesina, sometida a internas, desmanejo y corrupción. Un combo explosivo que se sumaba al malestar social generado por la emergencia de seguridad pública.

-La causa fue instruida por un juez hasta entonces intrascendente, que a diferencia de otros aceptó el peligroso reto de perseguir a la banda. Las motivaciones personales que lo llevaron a agarrar ese hierro caliente serán cuestión de controversia por mucho tiempo. Su dudosa conducta como juez y como ciudadano (si es que ambas son escindibles) dejó la causa por asociación ilícita al borde del precipicio en varias oportunidades. De hecho el principal y casi único argumento de los defensores de los principales acusados fue impugnar la labor del juez. Y seguramente lo seguirán haciendo en próximas instancias de apelación.

-Las pruebas recolectadas bajo su instrucción fueron sólidas y sobrevivieron a una inusual cantidad de recursos e impugnaciones. En total 14 jueces en distintos momentos e instancias las convalidaron. Jueces de instrucción que vinieron detrás de él y asumieron tramos complementarios de la causa, como Alejandra Rodenas, se valieron de aquellas pruebas originales.

-Camaristas que revisaron el cuerpo de pruebas a considerar en el juicio oral, tuvieron un criterio abierto, lo que fortalece el resultado final. Aceptaron que las defensas ingresasen innumerables pruebas, con las cuales atacarían al juez para de esa forma derrumbar las pruebas. El resultado les fue adverso igual. Ya lo dice el dicho: lo que no mata fortalece.

-Hubo momentos en que la causa tambaleó. Un rompecabezas del que formaron parte fiscales federales, defensores provinciales, un minúsculo sector de prensa y opositores ejerció enorme presión para que todo se fuera al infierno, en algunos casos con intereses manifiestos, en otros por error. Una cosa son las objeciones jurídicas y otra es el vehemente que tributaba a las
defensas fuera de los estrictos límites de la causa.

-Al final de cuentas, el trabajo del poco presentable juez Vienna siempre debió valorarse por el peso, la calidad y legalidad de las pruebas reunidas. Mientras eso no estuviese contaminado, su conducta, sus relaciones con personajes oscuros, sus viajes al exterior fueron o deberán ser motivo para que rinda cuentas sin que significase impunidad para la banda.

-Los propios fiscales dudaron en 2015 de que el juicio oral y público fuera la mejor salida para conseguir una condena. En distintas instancias primó la idea de más vale pájaro en mano que cien volando. Se apuntó a un juicio abreviado con penas acordadas bajo la acusación de asociación ilícita y delitos menores, pero al final apareció el gato que estaba encerrado: en la bolsa se metía también el cargo por homicidio contra Guille Cantero, uno de los líderes, con una pena por todo concepto de 8 años, muy inferior a los 22 años que le dio el tribunal en el juicio oral. Ese mal experimento tuvo consecuencias positivas: generó repudio público; los jueces homologaron sólo los casos de delitos menores pero no para los principales acusados (abriendo así la instancia del juicio oral y público); motivó la revisión y ajuste del sistema de juicio abreviado.

-Las repercusiones fueron variadas y positivas. Si bien costó mucho llegar a un fallo de esta naturaleza, histórico por su naturaleza híbrida entre el viejo y el nuevo sistema procesal, la cantidad de acusados, la peligrosidad de la banda, etcétera, no es recomendable caer en el exitismo y frases del tipo: “Se acabó la impunidad”. En todo caso le cabe a algunos, pero siguen existiendo bandas, narcotráfico, sectores policiales muy comprometidos y problemas de seguridad pública que requieren atención.