El receso legislativo de invierno frizó al menos por unas semanas más el proyecto para ampliar en 500 millones de dólares la capacidad de crédito público de la provincia para obras de infraestructura. Desde hace 7 meses el proyecto es prioridad para la Gobernación pero la negociación con los senadores primero y el descalabro económico financiero del país después viene postergando los plazos.
El proyecto de endeudamiento por hasta 500 millones de dólares es la secuela fase de una autorización similar que la Legislatura aprobó en julio de 2016. En ese entonces el mundo financiero le abría las puertas de par en par a la Argentina en su retorno al mercado de deuda y Santa Fe consiguió la tasa más bajas de todas las provincias que emitieron.
Comprometido ese primer tramo, Lifschitz fue en diciembre pasado por la segunda tanda (originalmente había solicitado que le aprueben 1.000 millones). Incluyó el mensaje del Ejecutivo en el temario de extraordinarias, pero llegó al 1° de mayo sin que tuviera tratamiento en el Senado, donde el justicialismo es mayoría.
Con el periodo de sesiones ordinarias llegó la corrida cambiaria y el cierre de los mercados para la Argentina. Nuevos motivos para reanalizar todo. Con el FMI como único prestamista, legisladores de la oposición y oficialistas se preguntaron si valía la pena habilitar un endeudamiento que hoy es imposible tomar.
También el Ejecutivo se vio sorprendido por la situación, aunque rápidamente unificó discurso y buscó sin suerte que el Senado le diera media sanción antes del receso invernal.
El ministro de Economía Gonzalo Saglione fue el vocero de la estrategia oficial: “Es importante que ahora que no es un buen momento para salir a los mercados alcancemos los acuerdos políticos y tengamos la herramienta disponible para cuando las condiciones sean favorables”.
¿Cuándo pueden volver a ser favorables?, se le preguntó: “Eso nadie lo puede decir”, aclaró.
Tiempos y trabajo previo
El ministro recordó que en 2016 el Brexit sacudió los mercados y encareció las tasas de interés. “En 2016 se debatió la ley cuando no era el momento más adecuado porque justo había ocurrido lo del Brexit que había encarecido las tasas, pero una vez aprobada aprovechamos a hacer toda la tarea previa y recién hicimos la colocación 3 meses después, cuando las condiciones de mercado mejoraron”.
Después que diputados y senadores levantan la mano, comienza todo un circuito que insume entre 3 y 4 meses como mínimo: contratación de agentes de colocación y elaboración de prospectos de emisión, autorización del Estado nacional (acá tallan tiempos y humores políticos), emisión de la deuda, licitación de obras (en el caso que ya estuvieran los proyectos ejecutivos).
Saglione instó a los senadores a destrabar el proyecto y pasarlo a Diputados: “En 2016 no teníamos antecedentes. Entonces la discusión que nos planteaban era si los recursos iban a ser realmente para obras, si no los íbamos a usar para gastos de funcionamiento, si las condiciones eran adecuadas para tomar deuda, o si íbamos a usar el dinero para las obras que sólo le interesaran al Ejecutivo. Hoy podemos demostrar que todas aquellas dudas de 2016 están descartadas: hicimos las obras acordadas en el anexo y no destinamos dinero a ningún otro fin”.
Por ahora todos dan muestra de predisposición, sin embargo por una u otra razón el Ejecutivo no consigue destrabar la autorización.
La mirada de la oposición
El gobernador y los senadores del PJ hablaron el tema hace tres semanas. Lifschitz le dijo al presidente del bloque justicialista Armando Traferri que era una de las leyes prioritarias para el Ejecutivo de aquí a fin de año.
Traferri aclaró a Conclusión que el justicialismo no se opone a la autorización. “Una negociación tiene que tener en cuenta a las dos partes. Acá hay senadores que están pidiendo obras para sus departamentos porque quedaron un poco relegados. No es mi caso (San Lorenzo), a mí me cumplieron con creces, pero hay otros que, o porque el dinero no alcanzó o por nuevas necesidades, necesitan respuestas”.
Traferri citó algunos de esos casos: la construcción de Tribunales de Casilda que pide el senador Rosconi; Baucero que pide incluir la defensa contra inundaciones de San Javier ciudad; Berra de Belgrano que exigía financiar una escuela; Capitani pretende la tercera etapa de la Circunvalación de Gálvez.
Lo hecho y lo que falta
En el listado original de 2016 los senadores incluyeron casi 190 obras. Ya entonces se sabía que ese listado, detallado obra por obra en el anexo de la ley, superaba los más de 6.000 millones de pesos que entonces representaban 500 millones de dólares. Según el ministro Saglione, esos recursos se terminaron de comprometer en la ejecución de 130 obras a octubre de 2017.
Como ejemplo, Enrique Vallejos, intendente peronista de Reconquista, recordó que tres proyectos comprometidos en el endeudamiento no se ejecutaron. Mencionó “la expansión de la red de cloacas en la zona sur, la repotenciación de una estación transformadora Chiapero y la construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales”.
Esta segunda autorización que pide el Ejecutivo también está atada a un anexo de obras vinculante. Es probable que la lista sea más onerosa que los recursos que se autoricen, lo cual no es un error de cálculo sino que responde a la muñeca política de los senadores, que al darle entidad de ley a proyectos reclamados en sus territorios generan un antecedente que comprometa a la provincia (más allá de que luego haya que buscar otra fuente de financiamiento). A la vez muestran ese paso como un éxito de gestión ante su gente.
Impacto electoral
En el Frente Progresista sostienen que el “menos entusiasta” con el endeudamiento es el senador por Castellanos Alcides Calvo. Sostienen que la razón es su cercanía con el precandidato a gobernador Omar Perotti (PJ).
En ese terreno de especulaciones, es cierto que la ley permitiría al oficialismo hacer campaña con un centenar de obras a lo largo y ancho de los 19 departamentos en caso de que las condiciones mejoren y pueda tomar crédito.
Sin embargo no es menos cierto que el próximo gobernador llegará a la Casa Gris con una cantidad de obras en marcha y otras por licitar, independientemente de cómo impacte el ajuste en las cuentas de la provincia. Para que esto ocurra, claro, el país debería volver a ser sujeto de crédito internacional.
