Diez sindicalistas del gremio de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de Bahía Blanca fueron detenidos esta madrugada, y otras cuatro personas permanecían prófugas, en el marco una causa por presunta asociación ilícita y extorsión.

Las detenciones se llevaron a cabo durante procedimientos simultáneos realizados con las primeras horas del jueves a raíz de denuncias presentadas por empresarios del sector de la construcción, y que fueran ordenados por el fiscal Gustavo Zorzano.

Entre los apresados se encuentra Humberto Monteros, titular del gremio de bahiense, quien fue detenido en su domicilio de la localidad de Monte Hermoso: en su poder fue encontrada una gran cantidad de dinero y drogas, de acuerdo a informes policiales.

En distintos operativos encabezados por el jefe de la Policía bonaerense, Fabián Perroni, llevados a cabo en Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Suárez también fueron detenidos José Burgos, Pablo Gutiérrez, Nelson Cabrera, Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbín, Sergio Vázquez, Aníbal Aranda y David Muñoz.

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, precisó que se realizaron «19 allanamientos y hay diez detenidos hasta el momento». «Es una señal para quienes realizan estas prácticas de naturaleza mafiosa para que sepan que este tipo de cosas no pueden seguir pasando en nuestro país», dijo el funcionario.

En declaraciones publicadas por el diario La Nueva Provincia, Fernández subrayó: «estamos hablando de muchísimo dinero, en algunos casos (se exigía dinero) en función de la envergadura de la obra y por la cantidad, porque de cada obra se llevaban su tajada».

El fiscal general indicó que lo incautado constituye solo «una pequeña parte» debido a que en algunos casos la extorsión a una sola empresa llegaba a los 750 mil pesos y que en algunos casos se llegaba a solicitar un porcentaje de la obra.

«En otros, el pedido de dinero llegaba en algunos casos a 40 mil pesos por mes según la envergadura de la obra y durante el plazo que duraba la obra. La suma de dinero es importantísima y esto repercute en lo que llamamos el costo argentino», agregó.

En tanto, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, manifestó que fue confiscada «una serie de efectos que es la base para la continuidad de la investigación, que tiene como objetivo llegar a la conclusión de la efectiva comisión del delito de extorsión, que prevé penas de hasta 20 años para las personas involucradas».

«El procedimiento ha sido muy exitoso. Es una tarea que hizo el fiscal Zorzano en conjunto con la policía de la provincia de Buenos Aires. La envergadura que tiene esto en términos institucionales queda de manifiesto por la envergadura del procedimiento», añadió el funcionario en declaraciones publicadas por Infobae.

Las denuncias contra los gremialistas fueron presentadas por firmas constructoras sosteniendo que desde la cúpula sindical eran exigidos retornos para la adjudicación de las obras, que eran paralizadas en caso de no ser aceptados los sobornos.

En septiembre del año pasado, tras la detención del secretario general de la UOCRA de La Plata Juan Pablo «Pata» Medina, la gobernadora María Eugenia Vidal había señalado que en Bahía Blanca se estaba viviendo «una situación similar».

«Tenemos cuatro rutas con obras que están paradas porque se exige que se contraten determinadas empresas de catering, de transporte y otros servicios por parte del gremio. Esto ya ha sido denunciado en el Ministerio de Trabajo y se va a intervenir», señaló Vidal en ese momento.

Monteros es considerado el «Pata» Medina de Bahía Blanca. Su secretario adjunto, José Burgos, fue denunciado públicamente  por Vidal en septiembre, cuando la mandataria lo acusó de frenar las obras de refacción de cuatro rutas en el sur de la provincia de Buenos Aires:  «No solo pide una remuneración que no estaba en el convenio, sino que además quiere obligar a los contratistas a contratar determinados proveedores de comida, transporte y equipamiento en un acto que es claramente corrupto; es una mafia».

 

Foto: Gentileza Infobae