La Junta de Fiscales se reunió este lunes de manera extraordinaria en virtud de la ley que sancionó la legislatura provincial el pasado jueves 30 de noviembre, que modificó la ley 13.013 y desplazó el poder disciplinario de los Fiscales y Fiscales Adjuntos a la órbita del Poder Legislativo.
A través de un comunicado, la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mostró su preocupación por el proyecto aprobado por la Legislatura donde se faculta para remover de su cargo tanto a fiscales como a defensores.
“La nueva norma conforma un avasallamiento a la independencia y autonomía del órgano encargado de la persecución penal en tanto modifica el régimen de remoción de los Fiscales y Fiscales Adjuntos, que ahora pasa a depender exclusivamente del Poder Legislativo, circunstancia que refleja su dudosa constitucionalidad conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional”, expresa el documento difundido.
Y agrega: “La versión original de la ley 13.013 preveía un modelo disciplinario innovador en el cual un Auditor de Gestión (que accede al cargo por concurso de antecedentes y oposición, dura en el mismo seis años, es seleccionado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Poder Legislativo) es quien investiga y acusa a los fiscales. Además, establecía que un tribunal integrado por distintos estamentos institucionales –un Diputado; un Senador; un representante de los colegios de abogados; un Fiscal Regional; y el Fiscal General (con voto solamente en caso de empate)– era el encargado de juzgar”
En su último párrafo el comunicado narra: “Las modificaciones aprobadas la semana pasada colocan a los Fiscales y Fiscales Adjuntos en una situación de inestabilidad y precariedad en cuanto a su objetividad técnica-funcional con capacidad tal de aniquilar la independencia de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley”.
La semana pasada, la Legislatura provincial sancionó, sin debate y en una resolución exprés, una ley que modifica la manera en que pueden desplazarse de su cargo los fiscales en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y los defensores del Servicio Provincial de Defensa Penal. Esta decisión queda ahora en manos justamente del cuerpo legislativo.
En tal sentido y tras la reunión llevada a cabo este lunes, la Junta de Fiscales solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien estudiar la posibilidad de hacer uso de sus facultades constitucionales para remediar la situación, “que coloca a la provincia de Santa Fe en un lugar de retroceso de la calidad institucional en el concierto en las provincias argentinas”.
