El trabado inicio del juicio a la banda de Los Monos generó roces entre el Poder Ejecutivo y el Judicial respecto de los vaivenes en la resolución de los lugares de detención de ocho imputados.
Al respecto, el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein manifestó declaraciones que molestaron en el ámbito de la Justicia Penal, por lo tanto emitieron un comunicado manifestando su descargo.
En su descargo los jueces manifestaron que «las manifestaciones expuestas implican una evidente e inadmisible intromisión de un alto funcionario del Poder Ejecutivo provincial en la actuación de un Tribunal de Justicia interviniente en un proceso penal en curso, así como una inaceptable descalificación y presión sobre decisiones a adoptar por los jueces que entienden en el caso , todo lo cual conforma un ilegítimo avance sobre la insoslayable independencia de los órganos jurisdiccionales competentes que es inherente a un Estado Republicano».
En otro punto de la carta, los magistrados expresaron que «causa perplejidad las expresiones que recurrentemente han empleado desde el inicio mismo del juicio oral los Sres. Ministros de Seguridad y de Justicia, aludiendo a los inculpados como acreditados miembros de una organización delictiva, lo cual, más allá de la palmaria gravedad de los hechos bajo juzgamiento, supone no sólo desconocer el principio de inocencia que rige en nuestro sistema legal sino el complejo proceso que supone la admisión, recepción, análisis y decisión sobre la constelación de las pruebas a producir en el juicio oral aludido, lo que es inaceptable como condicionamiento hacia el Tribunal interviniente».
Texto del comunicado:
El Colegio en Pleno de Jueces Penales, integrado por los magistrados de 1ª y 2ª Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial N° 2 , se expresa por el presente con motivo de las declaraciones efectuadas en el día de ayer (miércoles 22/11/17) por el Ministro de Justicia de la Provincia Ricardo Silberstein, en particular y con mayor énfasis, en relación a lo que el mismo manifestó públicamente respecto a medidas de un Tribunal de Juicio Oral acerca del provisorio lugar de alojamiento de acusados bajo actual enjuiciamiento, equiparándolas a inminentes situaciones de predominio del accionar de la narco criminalidad sobre la toma de decisiones judiciales acaecidas en el pasado en Colombia.
Al respecto, se observa que las manifestaciones expuestas implican una evidente e inadmisible intromisión de un alto funcionario del Poder Ejecutivo provincial en la actuación de un Tribunal de Justicia interviniente en un proceso penal en curso, así como una inaceptable descalificación y presión sobre decisiones a adoptar por los jueces que entienden en el caso , todo lo cual conforma un ilegítimo avance sobre la insoslayable independencia de los órganos jurisdiccionales competentes que es inherente a un Estado Republicano.
Puntualmente se trata de un recurso de Hábeas Corpus establecido en la Constitución Nacional y Provincial y regulado por la ley procesal, dentro del cual el Poder Judicial es el encargado de aplicar la ley y velar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, sean quienes sean las partes involucradas, y aún tratándose, como en este caso, de una acción planteada ante una decisión del propio Poder Ejecutivo.
Asimismo también causa perplejidad las expresiones que recurrentemente han empleado desde el inicio mismo del juicio oral los Sres. Ministros de Seguridad y de Justicia, aludiendo a los inculpados como acreditados miembros de una organización delictiva, lo cual, más allá de la palmaria gravedad de los hechos bajo juzgamiento, supone no sólo desconocer el principio de inocencia que rige en nuestro sistema legal sino el complejo proceso que supone la admisión, recepción, análisis y decisión sobre la constelación de las pruebas a producir en el juicio oral aludido, lo que es inaceptable como condicionamiento hacia el Tribunal interviniente.
Por todo referido, este Colegio Pleno de Jueces Penales insta a todos los poderes públicos y sus representantes a que no se perturbe de ningún modo la tramitación del delicado y complejo juicio oral que actualmente se desenvuelve con el inherente control institucional, de las partes y de la comunidad en su conjunto.
El documento fue firmado por Georgina Depetris, vocal coordinadora Colegio de jueces de 2da Instancia; Gustavo Pérez de Urrechu, Vicepresidente del Colegio de Jueces, Luis María Caterina, coordinador del colegio de Jueces de Primera Instancia , Griselda Strologo, en representación del Colegio de Jueces interdistrital.
