Por Aldo Battisacco (enviado especial desde Buenos Aires)

Los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Martín Doñate presentaron una denuncia penal ante la justicia federal para que se investigue cuáles fueron los funcionarios del gobierno nacional que favorecieron de manera ilegal a distintas empresas vinculadas al grupo de la familia del presidente Mauricio Macri en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos por los que obtuvieron ganancias por casi 50 millones de dólares en pocos meses.

Interviene Juzgado Federal 8 a cargo del juez Martínez de Giorgi y la fiscalía N° 3 a cargo . del fiscal federal Eduardo Taiano

La presentación judicial, que se basó en revelaciones de una investigación periodística del diario Perfil, quedó radicada en el Juzgado Federal 8 a cargo del juez Martínez de Giorgi y la fiscalía 3 a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano.

Según señaló la denuncia, apenas dos semanas después de que Macri llegara la Presidencia, las firmas Sideco Americana y Socma, naves insignia del holding de los Macri, comenzaron a conformar una estructura societaria para ingresar al mercado de energías renovables junto a un grupo de socios y así fue que constituyeron cuatro empresas que meses más tarde comprarían seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar.

Los derechos de explotación de estos parques pertenecían a Isolux, una compañía española que en la Argentina posee vínculos comerciales con IECSA (firma constructora de Ángelo Calcaterra, primo de Macri), y que había ganado cuatro licitaciones durante el kirchnerismo y otras dos durante el actual Gobierno de Cambiemos.

La reventa de los parques eólicos habría generado una ganancia de al menos 15 millones de dólares en menos de un año, a los cuales debería sumarse, de acuerdo a la investigación de Perfil, otros 33 millones que declara el reporte anual de la compañía china Goldwind (una de las empresas que adquirió los parques).

Las cuatro empresas creadas especialmente para participar en el negocio de las energías renovables (Sideli SA, Sidsel SA, Usir Argentina SA y Parques Eólicos Miramar SA) fueron constituidas por el contador Mariano Payaslian, de estrechos vínculos con la familia presidencial (figuró como síndico de Sideco Americana y de Iecsa).

De acuerdo a información a la que accedió Perfil, el nuevo conglomerado tiene una participación de Sideco Americana de entre un 10 y un 12 por ciento.

«Todo indica una participación económica más importante del grupo Macri en la operación, pero aún si fuera el caso, ese 10 o 12% resulta suficiente para iniciar con urgencia una investigación, frente a evidencias muy marcadas de que se desplegó desde el estado nacional una serie de actos que garantizaron un beneficio patrimonial indebido en un negocio que involucró a la familia del presidente de la Nación», sostiene la presentación judicial.

La operación de venta por 25 millones de dólares que llevó adelante Isolux -que estaba urgido por desprenderse de sus activos en Argentina por presuntos incumplimientos en el plan de inversiones- fue autorizada por el Banco Nación y por la empresa estatal Enarsa: a fines de enero los parques Loma Blanca I, II y III (en los que la española nunca había realizado inversiones) pasaron a manos de Sidsel SA, en tanto que Sideli SA se quedó con Loma Blanca IV, el único que sí estaba en funcionamiento.

En mayo del año pasado, Loma Blanca I, II y III fueron adquiridos por Goldwind por 33 millones de dólares, mientras que Loma Blanca IV fue revendida a Genneia (de Argentum Investment, firma liderada por el banquero Jorge Brito y su hijo Pablo) por alrededor de 40 millones de dólares.

Según refleja la denuncia, la decisión del grupo Macri se desprenderse de los parques eólicos (pese a que el negocio arrojaba márgenes millonarios de rentabilidad) habría sido motivada por el escándalo de conflicto de intereses que sacudió la opinión pública cuando se ventiló el caso de la deuda millonaria del Correo Argentino.

«La trama descripta no parece ofrecer dudas sobre la pertinencia de la denuncia, es decir estamos ante la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, uso de información privilegiada, que fueron el marco fáctico sobre el cual se edificó un negocio multimillonario e ilegal que favoreció a la familia presidencial«, concluye la denuncia.

La denuncia

El escrito, explicita que la firma «Isolux es una compañía global dedicada a la energía, construcción y servicios industriales con más de 80 años de actividad profesional, según reza su propio sitio web (www.isoluxcorsan.com). Desarrolla su actividad en 35 países
de cuatro continentes y, como decíamos, nuestro país ocupa un lugar central en esa expansión económica».

«En este sentido, en la misma página web la empresa sostiene que “Argentina es un país relevante dentro del plan estratégico de internacionalización de Isolux Corsán, con intereses en las áreas de Energía, Construcción y Medio Ambiente. En este país, el área de Generación de Energía desarrolla una intensa actividad, con la construcción de la central de generación eléctrica de Río Turbio, la más austral del mundo, ubicada en la provincia de Santa Cruz. Asimismo, ha puesto en marcha la central ciclo combinado de Loma de la Lata (Neuquén). Isolux Corsán desarrolla desde hace años su actividad en este país donde cuenta con proyectos relevantes en todas sus áreas de actividad. Isolux Corsán construye también para la compañía ENARSA dos centrales de ciclo abierto en Ensenada Barragan, en la ciudad de La Plata (con una capacidad de 2X280 MW), y en Brigadier López, en Santa Fe (280 MW).”

La realidad es que la presencia de Isolux en nuestro país es mucho más amplia que la que informa la compañía, y 3 sus socios mucho más importantes que aquellos que son mencionados en estas escuetas referencias en la web».