Por Esteban Guida*
En los últimos dos años, el sector asalariado en Argentina ha sido uno de los más perjudicados como resultado del esquema económico implementado por Cambiemos. El último informe presentado por Cifra, revela que en la primera mitad de la gestión macrista “se avanzó en la redistribución del ingreso en detrimento de los sectores populares”, en especial, por la caída del poder adquisitivo y el deterioro en las condiciones de trabajo.
En el año 2016, la economía nacional registró una caída del 2,2% y se espera que los datos finales del 2017 confirmen una reactivación que no superará el 3%. De hecho, los últimos datos del PBI presentados por el Indec exhibieron un crecimiento de 2,5% entre enero y septiembre de 2017 con respecto al mismo periodo de 2016. Esto deja en manifiesto que la leve recuperación de la economía apenas se llega a los niveles de producción del año 2015, a pesar de que algunos indicadores importantes, como el índice de desempleo, no convergen hacia los niveles previos al cambio de gobierno.
En los últimos dos años el nivel de empleo y la desocupación, se han visto peligrosamente afectados a medida que se fueron desarrollando las políticas económicas de neto corte neoliberal. Por ejemplo, el sector manufacturero, de los más importantes en la ocupación de mano de obra, fue uno de los más perjudicados por los tarifazos en el costo de los servicios públicos, la apertura comercial (entrada indiscriminada de la importaciones), la devaluación del peso y la desregulación de ciertos mercados. En 2016, se destruyeron 46.000 puestos en la industria manufactura y otros 16.700 entre enero y noviembre de 2017, a pesar de la mencionada reactivación económica (entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017, la cantidad de asalariados industriales disminuyó en 62.700 personas).
Según los últimos datos informados por el Indec antes del apagón estadístico realizado por Jorge Todesca, se reveló que la desocupación era del 5,9% (tercer trimestre de 2015). Mientras que, en 2016, estos niveles escalaron a 7,6% para el cuarto trimestre y 8,3% para el tercer trimestre de 2017. En efecto, pese a la incipiente reactivación económica, al tercer trimestre de 2017 la cantidad de desocupados contabilizados por el Indec ascienden a 1.058.000 personas. Asimismo, la tasa de subocupación (es decir, las personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas) paso de 8,6% al tercer trimestre de 2015 a 10,8% en igual periodo de 2017, un claro indicio del deterioro en las condiciones de acceso al trabajo.
Tal como expone el mencionado informe, uno de los factores predominantes para explicar la reactivación economía del año pasado fue el incremento del consumo privado. Cifra aclara que “si bien en ese comportamiento intervienen diversos factores, la recuperación de los salarios jugó un papel destacado”. En 2017, los salarios reales aumentaron alrededor de 2,7% para los empleados privados y se mantuvo inalterado para los públicos.
No obstante, surgen dos elementos que matizan estos resultados. Por un lado, el incremento inflacionario registrado en diciembre pasado (variación mensual de 3,1% para el IPC Nacional) que apaciguó la recuperación del poder adquisitivo durante 2017. Por el otro, es que esta ligera recuperación no alcanza a mitigar la pérdida del poder de compra sufrido en el primer año de mandado de Mauricio Macri. Por tal motivo, se estima que, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, los salarios reales cayeron 4,2% para los asalariados privados y 6,3% para los trabajadores públicos. Estos valores concuerdan con los expuestos por el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) que en 2016 informó que el salario real formal había caído un 5% interanual y que, en 2017, creció sólo un 2,3%, sin lograr recuperar los niveles previos a 2016. Incluso se estima que en enero de 2018 se produjo una baja interanual del 0,3%.
En suma, teniendo en cuenta que las proyecciones de inflación para 2018 rondan los 20 puntos porcentuales y que el gobierno nacional impuso restricciones a las negociaciones por paritarias (techo de 15% en base a las recalibradas metas de inflación) las perspectivas para los asalariados no son buenas; los datos explican el por qué de sus reclamos.
