En el actual contexto de incertidumbre, corrida cambiaria y el riesgo de insolvencia de la deuda pública, el combate contra la inflación quedó en segundo plano en la agenda económica del gobierno. La incapacidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de controlar el valor de la divisa, detonó el cambio de su presidente; por cierto, uno de los funcionarios más defendidos por Mauricio Macri.
Aun con el apoyo político y financiero del Fondo Monetaria Internacional (FMI), la autoridad monetaria sigue con problemas para frenar la especulación contra el peso, hecho que genera expectativas de una nueva devaluación. De esta forma, la dinámica de precios queda peligrosamente atada a la evolución del tipo de cambio.
Los desequilibrios macroeconómicos, fuertemente agudizados por las medidas implementadas por el gobierno de Cambiemos (apertura, desregulación, déficit gemelo, etc.), han tornado impredecible la evolución de las principales variables de la economía en el corto plazo (a excepción de los salarios). Por tal motivo, resulta dificultoso que los precios relativos se reacomoden en lo inmediato, afectando la ya deprimida inversión real y comprometiendo seriamente la evolución de la oferta agregada. Esta situación se ve reflejada en el quiebre de la cadena de pagos (que ya afecta al 68% de las PyMEs argentinas) y en la caída abrupta de los indicadores de sectores relevantes que venían registrando un leve crecimiento, como por ejemplo el automotriz.
Lejos de resultar algo indeseado, el combo de medidas y efectos procurados (devaluación, recesión, inflación y suba de tasas), está dentro de las recetas aceptadas por el gobierno en el marco del acuerdo firmado recientemente con el FMI. Esto resulta lógico desde la perspectiva del fondo, puesto que el interés perseguido por el organismo internacional, explicitado con la firma del acuerdo Stand By, es generar las condiciones de liquidez para que la Argentina atienda los compromisos de repago que tiene con sus acreedores privados. En línea con este interés, el gobierno no se ha planteado (ni se espera que lo haga) revisar ninguna de las medidas tomadas al presente; antes bien, procura justificar los efectos perjudiciales para el conjunto de los argentinos, pero principalmente sobre los más vulnerables, con el vetusto argumento de la pesada herencia y de la inexistencia de una alternativa al rumbo al que fue sometida la economía nacional.
La gran duda es si el conjunto de precios de la economía tenderá a desacelerar su crecimiento, producto de una aguda recesión y pérdida de poder adquisitivo de la moneda doméstica, o si seguirá la evolución del tipo de cambio, derivando en estanflación (recesión con inflación), agudizando los efectos sociales y económicos de la crisis. La historia argentina cuenta con ejemplos en los que la espiral inflacionaria prosiguió a una corrida cambiaria mal administrada y sin un control efectivo sobre al valor de la divisa.
Por este motivo es que la suerte del dólar, y la capacidad que demuestre el BCRA de administrar correctamente el mercado cambiario (pensando en una salida digna para la Argentina, antes que en salvaguardar los negocios de los financistas y especuladores), son claves a la hora de proyectar la evolución de los precios.
Por todo ello, vale decir que la política antiinflacionaria de los últimos dos años y medio ha sido una resultante del juego de intereses a los que se sujetó el gobierno de Cambiemos, ya que si bien la lucha contra la inflación formó parte del discurso político de todo el oficialismo, sus decisiones de política económica obraron en contra de ello, fracasando tres años consecutivos en el cumplimiento de sus propias metas de inflación.
Por todo ello, es de esperar que el año termine con una inflación muy por encima de la meta del 15%, tanto por la persistencia del efecto pass-trough (pase a precios domésticos de la variación del tipo de cambio) como por las restricciones en la oferta de bienes dadas por la fuerte incertidumbre respecto al futuro cercano.
Las condiciones en las que comienza el segundo semestre no permiten avizorar un año con “desinflación” como aseguraba el gobierno hace no muchos días. La puja distributiva se observará con rigor en un contexto de reacomodamiento de precios relativos. Si ésta no se equilibra políticamente, nuevamente perderán los más débiles.
